CIDH pide a la Corte-IDH que ordene a Nicaragua reparación para pueblos indígenas de Muy Muy

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó, a través de una misiva divulgada esta semana, que tras concluir que el Estado de Nicaragua violentó los derechos de los Pueblos Indígenas de Muy Muy (PIMM) y su comunidad Uluse, ubicada en Matagalpa, urgió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas de reparación para estos pueblos.

Los defensores detallaron que el caso por «vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de Muy Muy y su comunidad de Uluse», registrado con el número 13660, fue presentado ante la Corte IDH el 27 de diciembre del año pasado, y en este se expuso que las autoridades municipales desde 2003 «han impuesto dirigentes locales, negando al pueblo su derecho a elegir a sus representantes».

«El PIMM ha sido impedido de elegir a sus autoridades tradicionales debido a la imposición de autoridades municipales y la creación de órganos paralelos, lo que ha generado conflictos territoriales. Además, el Estado no garantizó un proceso adecuado de consulta antes de otorgar títulos de propiedad de las tierras indígenas a terceros, violando los derechos a la autodeterminación, propiedad y consulta previa, lo que ha causado la imposibilidad de disfrutar pacíficamente sus recursos naturales y medios de subsistencia e incrementado la violencia», denuncia el informe presentado por la CIDH a la Corte IDH en diciembre del año pasado.

La CIDH comprobó que dicha imposición en ese territorio indígena «ha generado conflictos sobre el uso de tierras, así como títulos comunales duplicados, y un aumento de la violencia, con hechos graves como el asesinato de Bayardo Alvarado Gómez, ataques contra Dionisio López, Adolfo Maradiaga Rodríguez».

Los defensores apuntan que el Estado de Nicaragua «no garantizó recursos judiciales efectivos para proteger los derechos del PIMM, lo que afectó desproporcionadamente su acceso a tierras y recursos naturales» y lo responsabilizó por no prevenir el asesinato de Bayardo Alvarado Gómez en 2013 y «no realizó una investigación adecuada para identificar y sancionar a los responsables».

En el Pueblo Indígena de Muy Muy, detalla la CIDH, habitan 12 mi habitantes dedicados a la ganadería, agricultura y productos lácteos y estos, tradicionalmente, se rigen por una junta directiva, consejo de anciano y un alcalde de vara, a los que encargan el bienestar comunitario, por lo que las imposiciones municipales han afectado sus formas de vida.

En ese territorio, señaló la Comisión, también se han reportado quemas de ranchos, construcciones ilegales, y restricciones de acceso al agua.

Noticia relacionada: Expertos de la ONU: Ortega y Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad contra indígenas

«El Estado de Nicaragua violó varios derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) relacionados a derechos políticos, a la propiedad privada, la libertad de pensamiento y expresión y derecho a la vida digna, a la integridad personal y al desarrollo progresivo. Además, se vulneraron derechos relacionados con la autodeterminación, la consulta previa sobre tierras, y la falta de garantías judiciales, así como la no prevención del asesinato de Bayardo Alvarado Gómez», denunció la Comisión.

Reparación por invasión de tierras

En ese contexto, la CIDH solicitó a la Corte IDH medidas que incluyen que se repare de forma «individual y colectiva los daños causados por la imposición de autoridades, invasión de tierras y violencia»; se proceda a «delimitar, demarcar y otorgar un título colectivo registrable de propiedad de tierras y territorios al pueblo indígena de Muy Muy, asegurando pleno dominio»; y se realice «una investigación exhaustiva sobre los actos de violencia, identificar a los responsables y sancionarlos conforme a estándares internacionales que incluya la investigación de la muerte de Bayardo Alvarado Gómez».

El organismo internacional de derechos humanos también orienta que dichas reparaciones incluyan la adopción de medidas para evitar futuros abusos; respeto a la libre elección de autoridades y formas de organización de los pueblos indígenas; aseguramiento del acceso a la justicia para los pueblos indígenas, respetando los derechos humanos y garantizando plazos razonables; proveer recursos accesibles para proteger los derechos de pueblos indígenas en riesgo; crear mecanismos eficaces para la titulación y protección de territorios ancestrales; y garantizar la consulta previa e informada con participación del PIMM.