Dictadura ordena barrida en la UNI; PGR llegó a entregar cartas de despido

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició una nueva ola de despido en el sector público del país. Trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) confirmaron a Artículo 66 que la Procuraduría General de la República (PGR) se presentó al recinto central de esa alma mater a entregar una serie de cartas de despido a docentes e integrantes de áreas administrativas.

Las fuentes refieren que algunos de los despedidos fueron señalados por la PGR de supuesta «malversación de fondos» en proyectos de mejoras a la infraestructura, bienestar docente y estudiantil.

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Mencionaron que entre el personal descabezado, además de docentes que también tenían cargos administrativos, iban secretarios, encargados de áreas de bienestar estudiantil y también parte del personal de la Facultad de Tecnología de la Industria (FTI).

La PGR y directivos de la UNI, durante su visita de entrega de cartas de despido, solicitaron al personal despedido revisarles computadoras, celulares y les dirigieron señalamientos vinculados a supuestos «faltantes» y «falsificaciones de firmas» que no les mostraban.

Además, los obligaron a firmar las cartas de despido y les indicaron que iban sin prestaciones, bajo la amenaza de ir presos por los supuestos señalamientos de malversación de fondos.

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Las fuentes consultadas indican que los colaboradores despedidos están atemorizados por la forma en que fueron retirados de sus plazas fijas, valoran que el actuar de las autoridades de la UNI y de la PGR fue con el fin de no pagarles sus liquidaciones.

Despidos se extenderán a otras sedes de la UNI

Alumnos consultados por este medio afirman que algunos de los docentes afectados por esta barrida se limitaron a escribir en los grupos de WhatsApp, que tenían con sus estudiantes, que oficialmente dejaban de ser sus profesores.

La rectora Glenda Velásquez, seguraron las personas consultas, todavía no ha sido despedida e incluso acompaña a la PGR en esta ola de despidos. Sin embargo, ya no tiene asignada la camioneta que le dieron cuando asumió el cargo y a otros colaboradores también les retiraron el beneficio de combustible.

Los despidos, confirmaron, se extenderá a la sede del Recinto Universitario Pedro Aráuz Palacios (RUPAP), de la UNI, ya que manejan que la rectora Velásquez tiene planificado ir, junto con la PGR, a visitar esa sede durante esta semana.

El régimen orteguista, desde agosto pasado, anunció un supuesto proceso de «ordenamiento, reestructuraciones y rediseño» estatal, con el que busca «promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública». El supuesto ordenamiento ya ha dejado a miles de personas en el desempleo, entre esos colaboradores del Ministerio de la Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), del Ministerio de Salud (Minsa) y de diferentes alcaldías del país.