La dictadura de Daniel Ortega mantiene en prisión a Marisela de Fátima Mejía Ruiz, integrante de Puerta de la Montaña, que apenas tenía dos meses de haber dado a luz y también es madre de una niña de dos años, revela la resolución de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo señala que la mujer «no estaría recibiendo atención post natal ni alimentación adecuada» al estar confinada en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), conocido como La Esperanza.
Mejía Ruiz fue detenida el 16 de diciembre de 2023 y es esposa de Walner Omier Blandón Ochoa, otros de los acusados y condenados por supuesto lavado de dinero, bienes y activos. Les impusieron penas de entre 12 y 15 años de cárcel y una multa económica de unos 880 millones de dólares.
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«A la fecha, seguiría en período de lactancia, el cual se habría visto interrumpido por su detención. Asimismo, se habría visto interrumpida la relación con su primera hija de dos años. Los funcionarios penitenciarios no le permitirían ver a sus hijos durante su estancia en prisión», denunció el organismo regional.
Los testimonios recibidos por la CIDH señalan que los presos políticos están bajo «condiciones aún más deplorables e insalubres, la persistencia de hechos de maltrato, aislamiento, incomunicación, interrogatorios constantes, la falta de alimentación adecuada y suficiente, así como falta de acceso a atención médica oportuna, adecuada y especializada».
Violación a las Reglas Bangkok
La activista feminista y desnacionalizada, Alexa Zamora, aseguró que en este caso la dictadura de Ortega y Murillo viola la regla 48 de las Reglas Bangkok de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que establece el trato que deben recibir las mujeres embarazadas y lactantes que son privadas de libertad.
Zamora recordó que ya se han reportado con anterioridad incidentes de violación a esa norma, en el caso de las presas políticas con hijos o hijas menores de edad, como los casos de Tamara Dávila y Suyen Barahona.
«Es terrible como el régimen viola los derechos humanos y criminaliza de forma impune a todo aquel que él decida. Es de especial preocupación la forma en que las mujeres presas políticas son vulneradas en esta situación de detención arbitraria e ilegal, y peor en su condición de madres»,a firmó.
¿Qué dicen las leyes nacionales?
El artículo 33 de la Ley No. 473, Ley del régimen penitenciario y ejecución de la pena, establece que «los centros penitenciarios, dentro de sus instalaciones, procurarán contar con ambientes o unidades especiales para la atención a las privadas de libertad que se encuentren en la etapa de pre y post natal».
El mismo artículo explica que en los casos en que el centro penitenciario no tenga las instalaciones especiales para el periodo pre y post natal, las privadas de libertad deben ser ubicadas bajo el régimen de convivencia familiar hasta que el niño o niña cumpla los seis meses de edad propicios para la lactancia materna.