Grupo de 94 desnacionalizados: «no está en la facultad de un tirano arrebatar su nacionalidad a ningún nicaragüense»

El grupo de los 94 desnacionalizados por la dictadura de Daniel Ortega se pronunció a un año del arrebato de su nacionalidad nicaragüense. Los opositores, entre los cuales hay un nutrido grupo de periodistas, asegura que los dictadores «fracasaron» en su intento de «aniquilar» sus anhelos de libertad, justicia y democracia decretando una muerte civil. 

«Según ellos (los Ortega Murillo), cancelaron a perpetuidad nuestros derechos ciudadanos, arrebataron nuestros bienes, eliminaron las pensiones a la seguridad social, nos borraron de todo registro oficial, nos declararon prófugos de la justicia y, según nuestros verdugos, nos despojaron de la nacionalidad nicaragüense», señala la declaración.

En el texto reafirman su compromiso con el pueblo de Nicaragua de no descansar hasta que este «capítulo nefasto» de la historia del país sea cerrado y «salir de una vez por todas de esta camarilla mafiosa». 

Noticia relacionada: UE urge a Ortega revertir «de inmediato» el despojo de la nacionalidad a 94 nicaragüenses

Las decisiones del régimen, de cercenarles sus derechos civiles y políticos, son catalogadas como «brutales acciones represivas» que pretendían aplastar su «dignidad, espíritu de lucha y compromiso con el pueblo nicaragüense».

«Con su desfachatez habitual montaron una farsa aplicando leyes que no existían, falsificaron expedientes, dictaron sentencias sin juicios y aplicaron penas expresamente prohibidas. El colmo es que la “ley” de reforma constitucional que sirvió de base a la imposición de la pena de pérdida de nacionalidad entró en vigor hasta en enero del 2024, según el texto oficial recién publicado», destaca el grupo de desnacionalizados.

Los declarados apátridas el 15 de febrero de 2023 refieren que Nicaragua está bajo una «dictadura mafiosa» donde no existen ni derechos ni Constitución ni leyes. Además, reconocen que el despojo de su nacionalidad trajo «trastornos» a sus vidas que se acentúan con el exilio, persecución y encarcelamiento.

La represión del régimen, dicen, la han afrontado «con dignidad y sin doblar las rodillas. Y aquí estamos, con nuestra moral y nuestro compromiso intactos». Aseguran que son nicaragüenses porque «no está en la facultad de un tirano arrebatar su nacionalidad».

Afirman que su nacionalidad no puede ser quitada por «un tirano vendepatria que no tiene empacho en postrarse ante potencias extranjeras, que mantiene hipotecado al país por cien años con el cuento chino del proyecto de canal interoceánico, y que además participa de redes transnacionales para la trata de personas y lavado de activos».

Violación de derechos humanos

El despojo de la nacionalidad a los ciudadanos nicaragüenses representa la violación de 11 derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los afectados, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

La OACNUDH ha documentado que las medidas también han comprendido vulneración de garantías procesales, supresión de derechos políticos de por vida, desaparición de datos personales de los registros públicos y universitarios, pérdida del derecho a la propiedad y bloqueo bancario, incluso para recibir el pago de pensiones de los jubilados.

«Estas acciones reponen en Nicaragua figuras que eran parte del pasado como la apatridia, la muerte civil o la confiscación de bienes como castigo político, pero que ahora son el presente de la agudización de la crisis de derechos humanos en el país», señalan.

La Unión Europea señaló hace un año que las acciones del régimen constituyen una violación de los derechos fundamentales y una ruptura del derecho internacional. «El artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos protege el derecho de cada persona a tener una nacionalidad y prohíbe su supresión arbitraria», dijo el bloque.

Después que Ortega y Murillo ordenaron el despojo de la nacionalidad a 317 nicaragüenses, en febrero de 2023, varios países se solidarizaron y ofrecieron la ciudadanía a los afectados. Más de 100 de los declarados apátridas se acogieron al ofrecimiento de España y han logrado regularizar su condición legal en los países donde se encuentran.