Minera canadiense y Panamá podrían enfrentarse en arbitraje internacional ante protestas masivas

El gobierno de Panamá aseguró este domingo que está preparado «para defender» los intereses del país, tras ser notificado por la minera canadiense de su intención de ir a arbitraje internacional si se declara inconstitucional un contrato que le permite operar en el Caribe panameño.

«Panamá afirma que ha cumplido con todas sus obligaciones bajo el derecho internacional y el derecho panameño y que está preparada para defender los intereses nacionales», señaló el Ministerio de Comercio e Industrias en un comunicado difundido en la red social X, antes Twitter.

Según el ministerio, la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM) y sus filiales enviaron al gobierno «dos notificaciones de intención de presentar demandas arbitrales», bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Canadá, en vigor desde 2013.

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El comunicado es emitido en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se encuentra, desde el pasado viernes, en sesión permanente hasta emitir su fallo sobre varias demandas de «inconstitucionalidad» presentadas por ambientalistas y abogados contra el contrato minero.

El 20 de octubre, el Congreso aprobó el contrato firmado por el Estado panameño y FQM, que le permite a la multinacional operar por 40 años en la zona caribeña del país la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

Tras la aprobación del contrato, se desataron multitudinarias protestas y bloqueos de carreteras en Panamá que han causado escasez de productos básicos y pérdidas por más de 1.700 millones de dólares, según gremios empresariales.

El contrato que refrendó el Congreso fue firmado entre el gobierno y FQM en agosto y sustituye al acuerdo de concesión original, declarado inconstitucional en 2017 porque no se hizo con licitación pública ni consulta popular.

FQM argumenta que la mina genera unos 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y el contrato incluye aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo de 1997.