Las líderes estudiantiles Adela Espinoza Tercero, Mayela Campos y Gabriela Morales, quienes fueron detenidas tras la confiscación ilegal a la Universidad Centroamericana (UCA), serán llevadas a juicio este sábado, dos de septiembre.
El Movimiento Defensa Estudiantil de la UCA denunció que la justica nicaragüense someterá a «un juicio político» a las tres activistas por ciberdelitos, una ley utilizada por la administración sandinista para encarcelar a opositores
Asimismo, la organización política indicó que los magistrados de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) «anularon el auto en el que admitían un recurso de exhibición personal por detención ilegal a favor de Adela Espinoza Tercero, de 26 años, egresada de la confiscada Universidad Centroamericana».
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El pasado 23 de agosto, las tres jóvenes fueron trasladadas al Centro Penitenciario de Mujeres «La Esperanza». Los parientes de las activistas fueron notificados de su traslado, sin que les brindaran detalles de los delitos por los que se les acusa.
Por su parte, Flor Tercero, madre de Adela Espinoza, informó en sus redes sociales que logró ver a su hija, que ya portaba el uniforme azul, sin embargo no le permitieron tener contacto con ella.
Los familiares de dos de las presas políticas señalan que un número importante de agentes de la Policía se presentó a las casas de las procesadas buscando información que no precisaron. De forma extraoficial se ha vinculado la captura de las jóvenes con la quema de una bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional y la confiscación de la UCA, a la que perteneció Adela Espinoza.
¿Cómo se dieron las detenciones?
Las capturas de las tres jóvenes, dos de ellas graduadas de dos universidades confiscadas por el gobierno, la Universidad Centroamericana y la universidad Juan Pablo II, son calificadas por organismos de derechos humanos como secuestros, ya que fueron sacadas de sus viviendas sin conocer el delito que se les imputaba.
En los casos estuvo de por medio la intervención de civiles acompañados por miembros del «Consejo del Poder Ciudadano», conocidos como «CPC». Mayela Campos narró en un video, minutos antes de su detención, que en la puerta de su casa estaban dos personas, a los que no identifico como policías.
La justicia de Ortega mantiene apresados a más de 80 personas. En un alto porcentaje de los casos no se publican los delitos y se realizan los juicios sin la representación de un abogado de confianza.