Rosario Murillo persiste en su intento por borrar la masacre del Día de las Madres

La vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, recordó que el próximo martes, 30 de mayo, será feriado nacional, con derecho a goce de salario, en ocasión al Día de la Madre.

Aunque desde el 2022, el régimen orteguista declaró esa fecha como feriado nacional, Murillo dijo que el dictador Daniel Ortega aprobó la solicitud realizada por la ministra del Trabajo, Alba Luz Torres, para que se aplique dicha disposición.

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«El comandante Daniel —Ortega— autoriza con gran cariño para todas las madres el feriado nacional con derecho a goce de salario. Nos estaremos integrando a nuestras labores diarias el día miércoles, 31», refirió la vicedictadora, en su alocución de este martes, a través de sus medios de propaganda.

Asimismo indicó que se estará realizando el adelanto de salario a trabajadores del Estado. «El 25 y 26 de mayo se pagará a los trabajadores del Mined y el 27 a las otras entidades del sector público», señaló la portavoz del Gobierno de Nicaragua.

Los nicaragüenses recuerdan el 30 de mayo como el día de la masacre desatada por la Policía y grupos paramilitares, los que atacaron a balazos una gran movilización que salió de la rotonda Jean Paul Genie hasta el sector de la Universidad Centroamericana, que fue encabezada por las madres que ya habían perdido a sus hijos entre el 19 de abril y finales de mayo de 2018.

Aunque para la dictadura de Nicaragua esta fecha es de celebración, familiares de las víctimas de la represión afirman que ese día es de «luto nacional» porque ninguno de los opositores asesinados han recibido justicia.

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Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo han intentado torcer la realidad y han decretado la fecha, que en Nicaragua se celebra como el «Día de las Madres», en un día feriado nacional, lo que se concretó con una reforma legislativa al artículo 66 del Código del Trabajo que sumó esa efeméride al calendario de 10 días festivos en el país.

Para madres que perdieron a sus hijos en las protestas sociales, la disposición de la administración orteguista es una burla para las víctimas de la represión gubernamental.