Tribunal de Apelaciones de Ortega ratifica condenas contra siete presos políticos

El régimen de Daniel Ortega ratificó sentencias en contra de los presos políticos Tamara Dávila, Violeta Granera, Félix Maradiaga, José Pallais, José Adán Aguerri, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, todos encarcelados en las celdas de Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, conocido como «El Nuevo Chipote».

«Magistrados de Sala Penal uno del TAM (Tribunal de Apelaciones de Managua), confirma sentencias condenatorias en contra de los PP Tamara Dávila, Violeta Granera, Félix Maradiaga, José Pallais, José Adan Aguerri, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro», informó la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), por medio de su cuenta de Twitter.

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«Los abogados que integran la Sala Penal Uno son Octavio Ernesto Rothschuh Andino, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, Angela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís Dávila», continuó denunciando la organización de abogados nicaragüenses.

El régimen también ha ratificado sentencias condenatorias en contra de Miguel Mora, Miguel Mendoza, Víctor Hugo Tinoco y Ana Margarita Vijil, luego de que la defensa de los rehenes de conciencia apelaran. Los opositores fueron acusados de violar la Ley 1055 por supuestamente cometer «menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad nicaragüense».

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que «continúa la farsa y la persecución judicial, ahora en los tribunales de apelaciones, han sido declaradas sin lugar las apelaciones, confirmando las injustas sentencias condenatorias en contra de Miguel Mora, Miguel Mendoza, Ana Margarita Vijil y Víctor Hugo Tinoco».

«Cenidh advierte que este es el siguiente escenario represivo del régimen Ortega-Murillo, declarar sin lugar las apelaciones y confirmar las sentencias espurias dictadas anteriormente, se impone la urgencia de recurrir de casación», continuó añadiendo la organización defensora de derechos.

Sus familiares han denunciado que dentro de los sistemas existe «falta de atención médica oportuna y especializada, condiciones insalubres y precarias en celdas, consolidación de una política de maltratos, castigos y control, aislamiento e incomunicación permanente y por largos períodos de tiempo», por lo que sostienen que el régimen implementa torturas y malos tratos dirigidos a «desgastar, exterminar o inhabilitar a nuestros familiares».