Oposición: Maduro es responsable de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

El opositor y exdiputado Héctor Cordero responsabilizó este miércoles al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de las ejecuciones extrajudiciales que diversas organizaciones han denunciado, y que si bien disminuyeron en 2021, siguen siendo cifras «letales».

«Los organismos policiales siguen actuando descaradamente. Aún cuando ha habido una reducción entre el año 2020 y 2021, de unos 3.000 y tantos casos a unos 1.400, esto sigue siendo un delito de importancia y debe ponerse la lupa a la actuación de los organismos policiales», dijo Cordero, citado en un comunicado de prensa.

Este lunes, la ONG Provea y el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas «Centro Gumilla» informaron que, durante el año 2021, contabilizaron, al menos, 1.414 ejecuciones, menos de la mitad que en el año anterior, y de las que son culpables, asegura la fuente, los diversos cuerpos de seguridad del Estado venezolano.

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La cifra representa una reducción de 1.620 ejecuciones con respecto al 2020, cuando se registraron unos 3.034 «asesinatos».

La instancia policial con «mayor letalidad» en 2021 fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), siendo responsable de 347 ejecuciones, desplazando así a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), autor en 2020 de la mayoría de las muertes.

Según Cordero, el hecho de que el Cicpc haya sobrepasado la acción «de esta temible policía» tiene «que llamar a la reflexión».

«Hay una distorsión de lo que debe ser la actuación policial y el apego que deben tener a la ley», dijo.

Por esta razón, exigió al Estado que lleve a cabo un proceso de depuración de los cuerpos policiales.

Por su parte, las ONG denunciaron que existe una «situación estructural de impunidad», debido a que, aseguran, tanto la Fiscalía como la Defensoría, en muchos de los casos, no han abierto investigaciones pertinentes, si bien, en otros, se ha procedido a detener a los responsables y a abrir procesos penales, por orden del fiscal general, Tarek William Saab.