La activista indígena miskita Nancy Elizabeth Henríquez James, prisionera política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue galardonada con el Premio Graciela Fernández Meijide a la Defensa de los Derechos Humanos, que otorga anualmente el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). El jurado del galardón reconoció su lucha histórica por los derechos de los pueblos originarios del Caribe nicaragüense y su liderazgo como mujer indígena frente al autoritarismo.
Henríquez, originaria de Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, fue arrestada el 1 de octubre de 2023 mediante una maniobra policial que la condujo al encierro sin previo aviso. Le dijeron que podría visitar al también detenido líder de YATAMA, Brooklyn Rivera, con quien compartía la representación legal del partido indígena. En su lugar, fue llevada directamente a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (El Chipote), y posteriormente trasladada al penal de mujeres conocido como «La Esperanza», donde permanece recluida desde entonces.
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A inicios de diciembre de ese año, el régimen la condenó a ocho años de prisión por los supuestos delitos de «menoscabo a la integridad nacional» y «propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado». La audiencia se llevó a cabo dentro de la cárcel y sin acceso a un abogado defensor, lo que ha sido ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos como una violación flagrante al debido proceso.
CADAL recordó que Nancy Henríquez ha dedicado su vida a la defensa de los pueblos indígenas, en particular de las mujeres miskitas. Desde niña, en los años ochenta, se unió a la resistencia pacífica contra la represión a su comunidad. En 1992 fundó la Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Caribe (AMICA), la primera organización de su tipo en Nicaragua, y desde entonces ha promovido el empoderamiento y visibilización de las mujeres originarias en espacios nacionales e internacionales.
En 1994 fue electa como la primera mujer alcaldesa de Puerto Cabezas (Bilwi) por YATAMA, y luego representó a esa fuerza política en diversas instancias, incluida la Asamblea Nacional. También participó en el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, donde llevó la voz de las comunidades nicaragüenses olvidadas por el Estado.
El jurado del premio —integrado por Rubén Chababo, Norma Morandini, Vicente Palermo, Inés Pousadela y Eduardo Ulibarri— destacó que todas las nominaciones de esta edición provenían de países con «espacios cívicos cerrados» como Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde los regímenes autoritarios «han conculcado las garantías cívicas más elementales». En el caso de Nancy Henríquez, subrayaron su «trayectoria de valentía, dignidad y entrega por los derechos fundamentales de su pueblo».
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Desde su detención, su familia ha expresado temor por su salud física y emocional, y ha demandado que se le permita atención médica y visitas regulares, peticiones que han sido ignoradas por el sistema penitenciario. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó su caso en su informe anual de 2024 como parte de las graves violaciones cometidas por el régimen nicaragüense contra los pueblos indígenas.
La entrega del reconocimiento por parte de CADAL se suma a los múltiples llamados internacionales por la liberación de las más de 120 personas presas políticas en Nicaragua, entre ellas líderes indígenas, religiosos, periodistas, defensores de derechos humanos y exfuncionarios del propio sandinismo que hoy son perseguidos por disentir del régimen.
Henríquez permanece encarcelada en condiciones precarias, pero su voz y legado siguen siendo referentes de resistencia, especialmente para las mujeres indígenas que, como ella, han alzado la voz frente a la exclusión, la injusticia y la represión.
