La administración del presidente estadounidense Donald Trump impuso este 2 de abril un nuevo esquema de aranceles denominado «Recíprocos y Amables», con el que busca equilibrar lo que considera relaciones comerciales desventajosas para Estados Unidos. En este paquete de medidas, Nicaragua fue el país latinoamericano más afectado: mientras la mayoría de las naciones de la región recibió un arancel del 10 %, el régimen de Daniel Ortega enfrentará una tarifa del 18 % sobre sus exportaciones hacia el mercado estadounidense.
La medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno republicano para corregir supuestos abusos comerciales, castigar prácticas que considera desleales y aumentar la presión sobre gobiernos con los que mantiene tensiones políticas. El argumento de la administración Trump es que países como Nicaragua aplican tarifas más altas a los productos estadounidenses —en este caso un 36 %—, lo que justificaría un ajuste «recíproco».
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Sin embargo, en el caso nicaragüense, el castigo económico tiene también un trasfondo político evidente. Washington ha reiterado en varias ocasiones su preocupación por el rumbo autoritario del régimen de Ortega y su constante violación de derechos humanos. En febrero de este año, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que su gobierno considera a Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, como una amenaza para la seguridad y la democracia en la región. Además, expresó que Estados Unidos respaldaría acciones concretas para debilitar económicamente a la dictadura.
A esa postura se ha sumado Mauricio Claver Carone, encargado para América Latina, quien anunció que se analizaba la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), una advertencia que encendió las alarmas en el sector exportador nicaragüense. En ese contexto, el nuevo arancel del 18 % aparece como una primera manifestación de esa política de exclusión comercial.
Golpe directo al comercio nicaragüense
El impacto de esta medida será significativo para la economía de Nicaragua. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones del país, con más del 60 % de los productos nacionales —especialmente textiles, café, carne y otros rubros agroindustriales— dirigidos a ese mercado. Un arancel del 18 % podría reducir drásticamente la competitividad de esos bienes frente a los de otros países que mantienen tasas más bajas, generando pérdidas para las empresas y zonas francas, y debilitando aún más el ya frágil aparato productivo nacional.
Si la medida se acompaña de otras restricciones —como la expulsión definitiva del CAFTA—, Nicaragua enfrentaría una crisis comercial sin precedentes, con implicaciones directas en el empleo, la inversión extranjera y los ingresos por exportaciones.
El nuevo esquema tarifario impuesto por Estados Unidos abarca a más de 50 países y está diseñado bajo un principio de reciprocidad. A países como China, Vietnam y Camboya se les aplicaron tarifas superiores al 30 y 40 %, pero en Latinoamérica ningún otro país fue gravado con más del 10 %, salvo Nicaragua, lo que evidencia el carácter diferenciado de la medida.
El aislamiento internacional del régimen Ortega-Murillo se traslada ahora al terreno económico. Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua, ha dejado claro que no está dispuesto a seguir ofreciendo condiciones comerciales preferenciales a un gobierno que considera ilegítimo y represivo.
