El Ejército de Nicaragua informó sobre la captura de ocho personas en la Reserva de Biosfera Bosawás, a quienes acusa de cometer diversos delitos ambientales, incluyendo venta ilícita de tierras, carrileo, tala de árboles, uso de químicos en mantos acuíferos y quema indiscriminada. Sin embargo, en su comunicado oficial, la institución castrense evita referirse a los detenidos como colonos invasores o relacionarlos con las masacres y ataques denunciados por comunidades indígenas en la zona, omitiendo así la dimensión más grave del conflicto territorial que afecta a los pueblos miskitos y mayangnas.
Los detenidos y las acusaciones en su contra
Según el informe del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua, los retenidos fueron identificados como:
- Pantaleón Hernández (57 años)
- Ángel Acosta Pérez (46 años)
- Eder Manuel González López (42 años)
- Marvin Téllez (40 años)
- Juan Pablo Treminio González (40 años)
- Alcadio Vicente Jiménez Páiz (39 años)
- Adán Herrera Borge (38 años)
- Sergio Zeledón Rodríguez (32 años)
A los detenidos se les incautaron tres armas de fuego, dos tipo escopetas y un revólver; 21 cartuchos, un cargador y tres radios de comunicación portátil, presuntamente utilizados en la comisión de los delitos mencionados. No obstante, en ningún punto del comunicado se menciona si estas personas pertenecen a los grupos armados de colonos que han invadido territorios indígenas en los últimos años, a pesar de que estos han sido señalados como responsables de asesinatos, desplazamientos forzados e incendios de comunidades enteras.
Callan sobre violencia y desplazamientos de indígenas
El comunicado del Ejército presenta la operación como una acción de control ambiental, sin hacer mención a la grave crisis de violencia y desplazamiento forzado que afecta a las comunidades indígenas de Bosawás. Desde hace años, líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que la invasión de colonos, muchas veces armados, ha generado un escenario de violencia extrema, asesinatos y pérdida de territorio para los pueblos indígenas miskitos y mayangnas.
Uno de los casos más emblemáticos fue la masacre de Alal en 2020, donde un grupo de colonos atacó a la comunidad indígena mayangna, dejando cuatro muertos y varias casas incendiadas. Desde entonces, múltiples informes han documentado que la situación ha empeorado.
En los últimos meses, organizaciones han reportado el asesinato de al menos diez indígenas en diferentes comunidades, mientras que miles han sido desplazados forzadamente por la violencia de los invasores. A pesar de estas denuncias, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha tomado medidas efectivas para frenar la crisis ni para garantizar la seguridad de las comunidades.
Complicidad con las invasiones
Diversos informes internacionales han acusado al gobierno de Ortega de permitir y fomentar la invasión de territorios indígenas en el Caribe nicaragüense. La permisividad del régimen ha sido interpretada como una estrategia para expandir la frontera agrícola y ganadera, beneficiando a sectores aliados al oficialismo.
Un informe de la organización Global Witness posicionó a Nicaragua como uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente, resaltando que la represión estatal y la impunidad han facilitado el despojo de tierras indígenas.
A pesar de la constante presión internacional, la dictadura ha ignorado estas denuncias, permitiendo que el desplazamiento forzado, la destrucción de comunidades y la impunidad de los ataques sigan en aumento.
Maquillar la tragedia
Si bien el Ejército presentó la detención de estos ocho individuos como un esfuerzo por preservar la biosfera de Bosawás, el hecho de que evite calificarlos como colonos invasores o relacionarlos con las masacres y desplazamientos forzados en la zona deja en evidencia una omisión intencional para «maquillar» una tragedia que ha impactado a los indígenas del país, que se ha recrudecido durante los últimos 15 años.
Las comunidades indígenas han denunciado durante años la inacción del Estado ante la violencia de los colonos y la ocupación ilegal de sus territorios. Sin embargo, en este operativo, el régimen no presenta a los detenidos como parte de estos grupos ni menciona sus posibles vínculos con los crímenes más graves cometidos en la región.
