Tres investigaciones elaboradas y presentadas por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) y la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (IPEN) revelan las brechas educativas que enfrentan los jóvenes nicaragüenses en Nicaragua y en Costa Rica, donde muchos se han desplazado por la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, producto del estado policial de facto que impuso el régimen Ortega-Murillo.
Las investigaciones presentadas fueron: «El comprometido futuro de Nicaragua-Desafíos de la educación de las juventudes», «Análisis multifactorial de las barreras en el acceso a la educación superior de jóvenes nicaragüenses desplazados a Costa Rica», y «Memorias migrantes-Estudiantes en movilidad forzada».
«El comprometido futuro de Nicaragua-Desafíos de la educación de las juventudes», elaborada por Cetcam, explicó la investigadora y directora de ese centro, Elvira Cuadra, revela que en los últimos años se estima que unos 40 mil jóvenes «se quedaron sin educación universitaria libre y de calidad».
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El documento apunta que esa pérdida ocurrió producto del cierre masivo de universidades, ordenado por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, refiere que, adicional a estos cierres, la educación en el país enfrenta la pérdida de la autonomía universitaria, la baja inversión pública en educación y la falta de priorización de la formación docente, lo cual posiciona «la calidad de la educación en su punto más bajo en décadas y más lejana la oferta de empleos de calidad».
Jóvenes dejaron de estudiar para salir de Nicaragua
Mayling Cortés, de IPEN, presentó los resultados preliminares de la investigación «Memorias migrantes-Estudiantes en movilidad forzada», que tuvo una muestra de 40 personas; 50 por ciento mujeres, 45 por ciento hombres y 5 por ciento que no se identificó con ningún sexo, a las que les consultaron sobre experiencias académicas en Nicaragua, derechos civiles y políticos, los factores que los hicieron tomar la decisión de migrar, experiencias en el país de acogida, y perspectivas de futuro.
Los encuestados se encontraban, al momento de participar del estudio, entre diciembre de 2024 y enero de este año, en Costa Rica (27.5%), Estados Unidos (5%), Rumanía (5%), España (5%), Holanda (5%), y otros (12.5%).
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En el grupo, cabe mencionar, antes de migrar a los países en los que se encuentran, el 67.5% estudiaba, el resto (32.5%) no. El 35% de estos cursaba sus estudios en centros de educación superior privados, y el 32.5% en universidades públicas.
El grupo identificó que en sus universidades en Nicaragua enfrentaban afectaciones relacionadas a despidos, expulsión de estudiantes, confiscaciones, proselitismo político y otros. Además, la mayoría -el 95%- del grupo dijo haber sufrido represalias en el campo académico, mencionando entre estas: negación de documentos académicos, confiscaciones de mi universidad, expulsión universitaria, amenazas y chantajes, entre otras.
Además, el 69.2% lamentó que no pudo finalizar sus estudios universitarios, pero hubo un 30.8% que dijo que sí lo había logrado.
La mayoría (66.7%) de estos jóvenes, explicó Cortés, enfrentó restricciones para expresar sus opiniones dentro de las universidades. Los ahora migrantes, según IPEN, decidieron salir del país tras «sufrir ataques a la libertad de pensamiento y expresión, temor a encarcelamiento, ataque a la libertad académica, a la integridad física, a la libertad de asociación y reunión, entre otros».
Ahora, tras ser obligados a desplazarse, estos grupos de jóvenes, según los resultados preliminares de este estudio de IPEN, requieren «apoyo» para conseguir «becas y oportunidades educativas, asesoría legal en temas migratorios, obtención de documentos nicas o con verificación, apoyo psicológico y oportunidades laborales».
Acceso rezagado a la educación en Costa Rica
El vicepresidente de IPEN, Marco Aurelio Peña, encargado de presentar los resultados del «Análisis multifactorial de las barreras en el acceso a la educación superior de jóvenes nicaragüenses desplazados a Costa Rica», afirmó que los jóvenes migrantes nicaragüenses, a pesar de mostrar «intención manifiesta de seguir estudiando», la mayoría enfrenta en territorio costarricense brechas relacionadas a su estatus migratorio, requisitos administrativos y desconocimiento de programas de becas para ayudarse en temas económicos.
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La organización concluye en su estudio que para los migrantes nicaragüenses algunas de las barreras están relacionadas a temas administrativos, en los que les piden trámites de homologación y apostillado, lo cual, en muchos casos, es complejo, sobre todo cuando las autoridades nicaragüenses se niegan a entregar esos documentos en casos en los que se trata de personas perseguidas por motivos políticos.
Este tipo de barreras administrativas, apunta IPEN, dificultan el acceso a la educación para los migrantes nicas, por lo que, como organización, abogan al Gobierno costarricense para que simplifique esos procesos.
Otro problema clave para que los migrantes nicas puedan acceder a educación superior, según la investigación, está enfocado en la falta de información, ya que muchos de los jóvenes recién llegados a Costa Rica desconocen las formas de admisión y becas, por lo que recomiendan que haya mejoras en las formas en que se difunde la información y que esta también vaya dirigida a responder las dudas de jóvenes migrantes.