El periodista y empresario Henry Briceño, a través de un documento compartido a medios de comunicación, señaló al alcalde y secretario político de San Rafael del Sur, Noel Cerda Méndez, de ser quien «pidió» su destierro con el fin de dirigir el robo de sus propiedades.
«Su petición a la criminal a la dictadora Rosario Murillo (vocera del Frente Sandinista y vicedictadora de Nicaragua) a fin de que desterraran a mi persona y familia para robarnos nuestras propiedades ha sido una acción deleznable de su parte. Nuestra residencia, ubicada en el corazón de San Rafael del Sur, como bien sabe, la compramos formal y legalmente, bajo actos notariales del doctor Armodio Mendieta, a la señora Ivania del Rosario Solís Hurtado, ampliamente conocida por su persona», señaló Briceño.
El periodista fue desterrado junto a su familia el 24 de noviembre del año pasado y un mes después, el 2 de enero, el régimen ordenó montar sobre una de las propiedades robadas a este pequeño empresario una filial de la Cruz Blanca en San Rafael del Sur.
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«De las cuatro propiedades robadas a mi familia, la residencia cercana al parque central ya está siendo ocupada ilegalmente por Cruz Blanca. Con esta acción, usted y sus amos dictadores asesinos confirman el robo de mi propiedad ante la opinión pública mundial», apuntó Briceño.
Además, advirtió a Cerda Méndez que pagará «por su complicidad manifiesta ante crímenes de lesa humanidad» y que la «justicia ya se avecina y viene del lado de Argentina». Briceño hizo alusión a Argentina recordando la demanda que enfrenta el dictador Daniel Ortega y la vicedictadora Murillo, y más de una decena de sus cómplices, por crímenes de lesa humanidad que ha cometido contra los nicaragüenses.
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La semana pasada, Denis Centeno, director general de la Cruz Blanca, en conferencia de prensa, anunció que el próximo 10 de enero será inaugurada dicha filial de San Rafael del Sur, mostrando que desde ya tienen el control de la propiedad, en la que ya ubicaron banderas del Frente Sandinista y el rótulo de la Cruz Blanca.
Dicha propiedad, según Briceño, fue tomada por la Policía de los dictadores de Nicaragua un día después de su destierro a Costa Rica. En otra de las propiedades confiscadas de facto, Briceño le alquilaba a otra persona que habitaba en ese lugar, pero fue sacada por la fuerza por la Policía, que le indicó que el inmueble quedaba ocupado.
