En la reciente sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de Costa Rica, funcionarios de gobierno acusaron a China de permitir que sus empresas lleven a cabo actividades de espionaje en naciones extranjeras y de no colaborar para combatir la ciberdelicuencia.
De acuerdo con el diario costarricense La Nación, el viceministro de Telecomunicaciones de ese país, Hubert Vargas, subrayó que la normativa interna del gigante asiático habilita a sus empresas a realizar acciones de espionaje, como apoyo a los servicios de inteligencia del Gobierno.
En ese sentido, Vargas detalló que el artículo 7 de la Ley de Seguridad de la República Popular de China establece que todas las organizaciones (incluidas empresas) y ciudadanos asistirán y cooperarán en el trabajo de inteligencia nacional y guardarán los secretos del trabajo de inteligencia nacional que conozcan.
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Además, la ministra de Telecomunicaciones, Paola Bogantes, aseguró que para el gobierno de Costa Rica China constituye un mayor riesgo en materia de seguridad nacional, debido a que el país asiático no está suscrito al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001. Al no rubricar dicho acuerdo China «no se compromete a darles persecución a los ciberdelincuentes, que podrían, eventualmente, perpetuar un ciberataque y comprometer la seguridad nacional», añadió.
Ante las aseveraciones de los funcionarios del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el gobierno de China señaló a la administración costarricense de poner en riesgo futuras inversiones de empresas de su país y de debilitar las relaciones bilaterales.
«Estos comentarios afectan gravemente la confianza y las expectativas de las empresas chinas para realizar actividades económico-comerciales en Costa Rica, y socavan el buen ímpetu del desarrollo de las relaciones bilaterales», dijo la Embajada de China en San José, mediante un comunicado.
¿Ortega busca con China fortalecer el espionaje en Nicaragua?
Tras la denuncia del gobierno de Costa Rica sobre las actividades de espionaje que realiza China en otros países, surge la interrogante de si la relación que mantiene el régimen de Daniel Ortega con el gigante asiático es para afianzar el espionaje en el territorio nicaragüense.
A finales de 2020, la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, aprobó la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos; que desde su entrada en vigencia ha sido utilizada para arrestar y sentenciar a varios años de cárcel a toda persona que se exprese su descontento en redes sociales contra la dictadura de Daniel Ortega.
Además, los casos de nicaragüenses que han sido enjuiciados y procesados por estalLey, que son ajenos al ámbito político, son muy pocos. El régimen se ha encargado con esta legislación de espiar, controlar y encarcelar a opositores, debido a que en la mayoría de los juicios a presos políticos las pruebas que muestran son publicaciones contra la administración sandinista que estos han hecho en su perfil de Twitter, Facebook o algún comentario que hicieron en un grupo de WhatsApp.
El gigante asiático es reconocido mundialmente por su red de ciber inteligencia, y este podría proveer a la dictadura de equipos para afianzar el espionaje a nivel nacional.