Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo han mandado a reformar, en la Asamblea Nacional, la Constitución Política de Nicaragua y la Ley de la Policía para legalizar la represión y la vigilancia sobre el pueblo de Nicaragua, y poner a las instituciones al servicio de un estado policial ya instaurado, dice un análisis divulgado por la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra.
Cuadra, directora e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), señala que las iniciativas de reformas a la Constitución Política de Nicaragua y a la Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, o ley 872, que podrían ser aprobadas en la sesión ordinaria del Legislativo este miércoles, 5 de julio, cambian por completo la naturaleza de la institución policial.
La investigadora afirma que se está «institucionalizando del Estado policial». Y ese fenómeno tiene dos vertientes. La primera es «un cambio en el marco jurídico del país, en función de legalizar una serie de medidas, de políticas de seguridad, de naturaleza represiva y de vigilancia sobre toda la sociedad nicaragüense».
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La segunda vertiente, indica la especialista, tiene que ver con una modificación o reconfiguración de las instituciones estatales para que respondan a ese marco jurídico que legaliza la represión.
Recuerda que la Ley policial y la Constitución vigentes señalan que la Policía es «un cuerpo armado de naturaleza civil», lo que cambia significativamente con la reforma propuesta, tanto en la Constitución como en la Ley, porque elimina «la naturaleza Civil» y la deja solamente como «un cuerpo armado». Advierte que eso habla de una institución «con una forma de organización, con un tipo de función y estructura completamente distinta».
Advierte que tras la reforma se le dará «preeminencia» a la subordinación directa de la Policía «a la figura de la Presidencia» y se hace a un lado el modelo preventivo, proactivo, comunitario, que resaltaba la participación de las personas.
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Otra advertencia que destaca la experta en temas de seguridad es que las reformas planteadas por el régimen dan énfasis, principalmente, a «la misión, a la función, relacionada con preservar el orden social, el orden interno, habla de proteger la vida de los habitantes y habla de velar por los bienes nacionales, sociales y particulares, así como la prevención y persecución del delito».
Asimismo, reitera que modifican el mandato constitucional que ordena a la Policía ser «profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante» y eso hace que la Policía sea «proclive a las ordenes que emanan directamente de la Presidencia, sin ningún tipo de principio, ni doctrina que pueda frenar las disposiciones centralizadas desde el Ejecutivo».
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De igual manera, Cuadra llama a poner atención en el hecho de que la reforma a la Ley policial adiciona «sanciones o castigos» a aquellos efectivos policiales que no cumplan las órdenes de sus superiores o que decidan desertar de la institución.
«La explicación que le podemos encontrar a estas adiciones es que, frente a las deserciones, a las fugas y al descontento que hay a lo interno de la institución, se está tratando de introducir medidas disciplinarias para presionar a los mismos efectivos y que el aparato policial no se vea reducido en su número o en sus capacidades», concluyó la analista.