Tras la escalada represiva por parte del régimen de Nicaragua, 20 organizaciones que conforman la Coalición Nicaragua Lucha condenaron estas acciones que han ocasionado más detenciones de opositores, religiosos, defensores de derechos humanos y periodistas.
En cuanto al ejercicio periodístico y la libertad de expresión en el país, las organizaciones afirman que existen múltiples evidencias de que el oficio del periodismo y la comunicación son amenazados, hostigados y perseguidos judicialmente en los últimos años.
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Recordaron que la dictadura de Ortega ha cerrado la mayoría de medios de comunicación, usurpando sus instalaciones, judicializando a sus trabajadores; declarando apátridas a 23 periodistas y privándolos de sus bienes y cuentas bancarias.
También indicaron que la deriva autoritaria de Ortega ha provocado el exilio forzado de más de 200 periodistas y comunicadores, «implementando leyes contrarias a los estándares universales sobre la libertad de opinión y pensamiento, demostrando el control absoluto que tienen sobre los poderes del Estado».
«Un ejemplo de ello es la Ley de Ciberdelitos (Ley Mordaza) que penaliza derechos constitucionales y es utilizada para perseguir a activistas, opositores y cualquier ciudadano o ciudadana que tenga una mirada crítica sobre el gobierno actual», recalcaron.
Referente a la arremetida en contra de la libertad de prensa independiente, la Coalición Nicaragua Lucha señaló la reciente judicialización del periodista Víctor Ticay, acusado de noticias falsas y conspiración, mismas imputaciones que la Fiscalía de Nicaragua ha hecho en contra de varias personas perseguidas políticas.
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Asimismo denunciaron el impacto de la persecución en la precariedad económica y «afectaciones psicológicas y sociales para los que realizan el oficio del periodismo y comunicación en el país, con un reporte de que casi 40% de periodistas independientes han abandonado la profesión».
Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que continúa la falta de transparencia en procesos y datos de interés público en Nicaragua, recordándole al régimen de Ortega y Murillo su obligación de cumplir con las leyes.
«El acceso a la información, al ser un derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos tales como derechos económicos, sociales y culturales (DESCA) en una sociedad democrática», concluyeron.