La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó su preocupación ante la reciente ola de arrestos arbitrarios y algunos destierros en contra de opositores, activistas y exreos políticos, así como periodistas y religiosos, que ha ordenado la administración de Daniel Ortega.
En un comunicado con fecha del dos de junio, la portavoz del organismo, Marta Hurtado, señaló que «nos preocupa cada vez más que las autoridades de Nicaragua estén silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país y estén utilizando el sistema de justicia para este fin».
«Solo en mayo, se informó que 63 personas fueron detenidas arbitrariamente en todo el país. En una sola noche, 55 personas fueron acusadas de “conspiración para socavar la integridad nacional y difusión de noticias falsas”, cargos que al parecer utiliza el Gobierno para silenciar a sus críticos», apuntó la vocera.
Noticia relacionada: Las seis acciones siniestras de Daniel Ortega contra la Iglesia católica en Nicaragua
«Durante sus audiencias de custodia, ninguno de los 55 acusados tenía un abogado de su elección y en su lugar fueron representados por un defensor público que se les impuso. Entre los detenidos se encontraban defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia católica», agregó.
La OACNUDH también se refirió a la persecución religiosa que mantiene el régimen Ortega-Murillo contra la Iglesia nicaragüense. El organismo detalló que recientemente tres monjas extranjeras fueron expulsadas de Nicaragua y otras tres fueron impedidas de salir de su convento. Además, entre el 21 y el 23 de mayo, cuatro sacerdotes y cuatro empleados de la Iglesia fueron arrestados y detenidos. Tres de ellos están bajo arresto domiciliario y uno está en la cárcel.
«Al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia han tenido sus cuentas bancarias congeladas por presunto lavado de dinero. El Gobierno ha acusado a la Iglesia de ser una organización criminal que apoya lo que denomina «terrorismo» y la desestabilización del país», apuntó.
Asimismo, denunció que el obispo Rolando Álvarez está sometido a «desaparición forzada», debido a que las autoridades del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», no le permiten ninguna visita desde el 25 de marzo. «La oficina ha recibido información de que su celda de la prisión (del religioso) tiene higiene y saneamiento inadecuados y no tiene luz natural, y que no se le permite salir, condiciones que violan las normas y estándares internacionales de derechos humanos», añadió.
La entidad de derechos humanos, además, condenó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) despojó arbitrariamente de su título de abogado y notario público a 26 ciudadanos nicaragüenses. «Veinticinco fueron despojados de su nacionalidad en febrero, junto con otras 292 personas. Las autoridades han confiscado algunos de sus bienes y propiedades», añadió.
Ante esta serie de abusos y violaciones de derechos humanos, la OACNUDH demandó al Estado nicaragüense que detengan «la represión de la disidencia; libere inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente; y restaure el estatus legal de todas las organizaciones y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente desde 2018».
El organismo también instó al gobierno sandinista a abordar la crisis actual de Nicaragua a través «del diálogo, la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y reformas institucionales y legislativas para restaurar el estado de derecho».