El general de Ejército en retiro y ex vicepresidente de la República de Nicaragua entre 2012 y 2016, Moisés Omar Halleslevens Acevedo, fue desterrado de las oficinas que ocupaba en la Vicepresidencia de la República, mismas que usaba para atender las relaciones con la empresa privada y productores.
El exmilitar se mantenía en ese despacho pese a que el cargo se le venció hace siete años. En 2017, cuando Daniel Ortega impuso, mediante fraude electoral, a su mujer Rosario Murillo como vicepresidenta, Halleslevens aceptó seguir maniobrando desde esa sede, pero bajo el cargo de “ministro delegado para asuntos específicos”, atendiendo todo lo relacionado con el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt).
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La orden de “cesantear” a Halleslevens la habría bajado Rosario Murillo, según el análisis del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, respondiendo a pugnas internas dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Halleslevens es incluido en el círculo de poder de Ortega, uno de sus hombres de confianza, y hasta el cargo que le regalaron en 2017 respondería a que el dictador deseaba mantener de cerca a su antiguo compañero de guerrillas de los años 70. El ex vicemandatario actualmente ha sido puesto “a disposición del presidente”.
Este miércoles, los nombres de 18 nicaragüenses más, incluidos en el grupo de apátridas por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fueron registrados en el Boletín Oficial del Estado como beneficiarios con la nacionalidad española.
En esta lista hay exreos políticos, analistas, un sacerdote, y empresarios de Nicaragua, que fueron desterrados y desnacionalizados entre el nueve y el 15 de febrero, y conforman el grupo de más de 300 nicas a los que la dictadura los despojó de su derecho.
Entre ellos están el opositor Luciano García, el comentarista político y excarcelado desterrado, Jaime Arellano; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y también exrehén de la dictadura, José Adán Aguerri; el exdiputado y economista Enrique Sáenz y Jesús Adolfo Tefel Amador.
La administración Ortega-Murillo sigue con sus movimientos diplomáticos con sus designados en el exterior. Este 31 de mayo, el régimen destituyó al exdirigente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) Isaac Bravo, a quien tenía como embajador de Nicaragua ante Irán. En el puesto duró un poco más de tres años, del nueve de enero de 2020 a la fecha.
El oficialismo también nombró a Zhenia Ruth Arce Zepeda como su nueva embajadora ante Corea del Sur. Desde el 16 de marzo, Arce ocupaba en esa plaza el puesto de ministra consejera.
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El nombramiento de Arce Zepeda ocurre después de dos meses que Ortega orientara el retiro de ese cargo a Rodrigo Coronel Kinloch, quien es hermano de la ministra de Gobernación (Migob), Amelia Coronel Kinloch y del exembajador de Nicaragua en China, Ian Coronel Kinloch.
La Policía orteguista tomó por asalto las instalaciones del colegio católico Santa Luisa de Marillac, en el municipio de San Sebastián de Yalí, en Jinotega, bajo el pretexto de “revisar documentos”, todo en el contexto de la acusación del régimen contra la Iglesia católica por, supuestamente, albergar “una red de lavado de dinero”.
El asalto a la única escuela de educación secundaria católica que hay en ese municipio, que perteneces a la Diócesis de Jinotega, cuyo obispo es monseñor Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), y que tiene unos 30 años de funcionar, se da en medio de la escalada represiva que ha emprendido el régimen Ortega-Murillo contra la institución religiosa.
La dictadura además expulsó a tres religiosas de la congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac, la que fue fundada en 1992 por la nicaragüense Sor María Jeaneth Úbeda y la panameña Sor Edith Priscila Jordán, esta última ya fallecida.
La Fiscalía de Guatemala dictará su fallo contra el periodista José Rubén Zamora el 14 de junio. El director del ahora extinto elperiódico enfrenta un polémico juicio por lavado de dinero. Zamora se ha caracterizado por ser crítico del gobierno de Alejandro Giammattei.
El Ministerio Público solicita 40 años de prisión para Zamora. El periodista acusa al presidente Alejandro Giammattei y a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de fabricar el caso para silenciarlo por publicaciones de corrupción contra el gobierno.