La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) expuso ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el desacato permanente de Nicaragua ante las resoluciones del máximo tribunal de Las Américas. Para el secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez-Ayérdiz, es una «vergüenza» la rebeldía de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Enrique Martínez, integrante de la Unidad Juvenil y Estudiantil (UJE), considera que el informe de la Corte-IDH evidencia cómo el Estado de Nicaragua, bajo el dominio absoluto de la dictadura Ortega-Murillo, «no muestra ningún interés» en preservar y respetar los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense, con especial énfasis en las voces disidentes y coherentes en el rescate de la institucionalidad y Estado de Derecho en Nicaragua.
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«Es una vergüenza que Nicaragua sea considerada en desacato con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nicaragua es parte de diversos tratados internacionales y uno de ellos es la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada en 1969, que establece a dos órganos que van a vigilar ese tratado, la Comisión y la Corte-IDH, entonces cuando los Estados no acatan las resoluciones de la Comisión o la Corte-IDH, ambos tienen la posibilidad de denunciar ante el Consejo Permanente de la OEA los desacatos de los Estados», explicó el defensor de derechos humanos.
Ramirez-Ayérdiz manifestó que en un Estado democrático, la declaración de «desacato permanente» de la Corte-IDH sería un «escándalo» en los poderes del Estado y estos buscarían cómo enmendar rápidamente lo que la Corte está indicando.
«No es que Nicaragua tenga la opción de cumplir o no, Nicaragua tiene la obligación de cumplir porque aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 1991. Todo lo que diga la Corte lo tiene que aceptar por el principio de que lo acordado es norma y por el principio de buena fe internacional», afirmó.
«Nicaragua no tiene buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos porque le interesa sostener este status quo que le permite, junto a los pocos aliados que le quedan, negar su participación en las graves violaciones a derechos humanos y sobretodo negar la existencia de estas violaciones, esa es la única línea diplomática que tiene Nicaragua actualmente», añadió.
«Panorama complejo de DD. HH.»
Martínez manifestó que el informe de la Corte-IDH ante la OEA se convierte en una «herramienta diplomática para evidenciar el complejo panorama» en materia de derechos humanos que se vive en Nicaragua.
«Recientemente vimos la liberación de las personas presas políticas, en ese proceso se violentó derechos humanos y se cometieron crímenes de lesa humanidad como el exilio y destierro. Una vez más la dictadura queda al descubierto ante la comunidad internacional, y es un punto a favor en la lucha por la democracia, libertad y justicia en Nicaragua», indicó.
El secretario ejecutivo de Calidh refirió que Nicaragua está en desacato permanente porque todas las medidas provisionales que ha adoptado ese órgano judicial, el más alto de Las Américas, deberían ser cumplidas por Nicaragua.
«Nicaragua usa el discurso distorsionado de independencia, autodeterminación y poder político, que se esconde detrás de una explicación abstracta de que Nicaragua tiene derecho a hacer lo que quiera y no es así. Estos principios se pueden ejercer en el mar de una tríada que son los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho y en Nicaragua no hay ninguno de esos tres principios», argumentó.
«Todo lo que dice Nicaragua es arbitrario y lo que hace en su línea diplomática es injuriar a estos órganos de derechos humanos como la CIDH, Corte IDH, ACNUR para buscar el desprestigio de estos, pero no puede. La fuerza moral y jurídica que tienen estos organismos en el mundo son indiscutibles e inquebrantables», destacó.
El presidente de la Corte-IDH, juez Ricardo Pérez Manrique, explicó que el tribunal ha emitido, entre junio de 2021 y febrero 2023, ocho resoluciones de medidas provisionales donde solicitaron al Estado de Nicaragua tomar medidas urgentes para preservar la salud, libertad e integridad física de los presos políticos.
Pérez Manrique dijo que en el derecho internacional no se puede invocar el derecho interno para incumplir una decisión internacional, como la adoptada por la Corte-IDH que ordenó a Ortega y Murillo la liberación de 88 personas presas políticas.