La Policía de Nicaragua habría dejado de comprar avituallamiento y municiones a Estados Unidos a raíz de las sanciones del Departamento de Estado, reveló un analista en condición de anonimato a Artículo 66. El experto señala que las nuevas restricciones del Departamento de Comercio, anunciadas este 28 de marzo, llegan de forma tardía.
«Yo entiendo que la Policía tenía rato de no comprar en el comercio de productos policiales en Estados Unidos, como avituallamiento, municiones para escopeta, nueve milímetros, etcétera. El comercio más seguido, más contínuo, ha sido con México e Israel, pero que eso depende del presupuesto que la Policía tenga designado para avituallamiento y reforzamiento de la logística», explicó el analista.
Añadió que, hasta ahora, a partir de 2018, si ha habido una partida presupuestaria de la Policía para compra de armamento, no ha sido pública. «Hay un comercio más fluido con la fábrica de armas de Venezuela», refirió.
La entidad norteamericana incluyó a la Policía de Nicaragua en la Lista de Entidades del Departamento de Comercio y prohíbe a las empresas norteamericanas vender tecnología estadounidense sin un permiso difícil de obtener. En el listado también fueron incluidas entidades de Birmania, Rusia y China, estos dos últimos países son aliados del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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«Es una reacción tardía del Departamento de Comercio de Estados Unidos agregar a la lista de control de exportaciones a la Policía de Nicaragua, sobre todo porque la Policía fue sancionada por el Departamento de Estado en el 2020. Que la estén poniendo en la lista tres años después es un acto tardío», dijo el analista
La Policía fue sancionada con la Orden Ejecutiva 13851 (Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua) que básicamente establece una prohibición clara y específica para empresas y personas que hagan negocios con la Policía, o sea, no podía comprar nada que proviniera de Estados Unidos.
«Lo que hacía falta, era que algunas instituciones, como el Departamento de Comercio, hiciera ejecutiva esa situación. El contexto es el informe anual de derechos humanos que emite la administración (de Joe) Biden, como que les recordó el tema de la prohibición anterior», destacó.
La experta en temas de seguridad e investigadora Elvira Cuadra manifestó que se aplican sanciones «porque se limita a estas instituciones para exportar, reexportar y transferir a otros países cualquier tipo de producto relacionado con Estados Unidos».
Cuadra indicó que esto quiere decir que la Policía de Nicaragua no puede adquirir, mediante importaciones, compras o adquisiciones a través de intermediarios, ninguna clase de producto o equipo para uso de esa institución, eso combinado con las sanciones que ya se le habían aplicado a la Policía.
«Significa un cerco mucho más fuerte, una presión mucho más fuerte de Estados Unidos sobre ese aparato represivo de los Ortega Murillo y limita su posibilidades para adquirir cualquier producto o equipo en el exterior», afirmó.
El analista considera que esta acción de Estados Unidos le está dando una nueva «fuerza política al tema de los derechos humanos» porque hay una visualización de la Policía como una »institución asesina, violadora de derechos humanos, torturadora; que hace persecución política, acoso político».
La nueva sanción a la Policía
El gobierno de Biden determinó agregar a la Policía de Nicaragua a la Lista de Entidades por «participar en actividades contrarias a los intereses de la política exterior de los EE. UU. Esta adición se hace porque la PNN es responsable o cómplice, o ha participado directa o indirectamente en graves abusos a los derechos humanos en Nicaragua».
El Departamento de Comercio señala que «estas actividades son contrarias a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos» e impone un requisito de licencia para todos los artículos sujetos a esta regulación y «revisará las solicitudes de licencia bajo una presunción de denegación».
«La protección de los derechos humanos en todo el mundo es un interés de la política exterior que se considera al evaluar si las actividades de una entidad, y las que actúan en nombre de dicha entidad, son contrarias a la seguridad nacional o la política exterior de los Estados Unidos», destaca la institución norteamericana.