La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen un control casi absoluto sobre el negocio de la energía eléctrica en Nicaragua y, según analistas consultados, han orquestado una gran mentira para tratar de convencer al pueblo de que han transformado la matriz energética, produciendo, a partir de fuentes renovables, más del 80 por ciento de la energía que se consume en el país.
Una mentira que no tiene ni pies ni cabeza, aseguran los expertos, pues ni la alta tarifa que pagan los nicaragüenses, que es 10 veces más cara que la de Costa Rica, ni el atraso agrícola e industrial en el que está sumido el país dan base para que se sostenga dicha falsedad.
De la carestía de la energía es testigo directo «Carmen», pobladora de Monseñor Lezcano, un barrio del occidente de Managua, quien asegura que no tiene ninguna razón para aplaudir ni para creer el anuncio del Gobierno de que supuestamente ha transformado la matriz energética.
«Yo, para julio del año pasado pagaba 300 córdobas de luz. En mi casa solo vivimos 4 personas, no tenemos equipos que puedan consumir gran cantidad (de energía) pero ahora, en enero de este año ya pago más de 500 córdobas. Es una locura. ¿De dónde voy a agarrar yo para pagar tanto?, y lo peor es que yo no he aumentado el consumo. Quiere decir que me cobran más por la misma cantidad de energía», dice la mujer que se gana la vida como conserje en una institución pública donde devenga un salario de 5 mil 800 córdobas al mes, uno de los salarios más bajos de la región.
Si como dice Carmen, los consumidores cada vez pagan más por la energía que consumen, entonces el cambio de la matriz energética que pregona el régimen Ortega-Murillo ¿Es real? ¿En qué beneficia al pueblo?
Para los analistas que aceptaron hablar con este medio de comunicación, la campaña publicitaria sobre transformación de matriz energética con la que alardea el régimen Ortega-Murillo es una «gran mentira» y también «una gran estafa».
Para un defensor de los consumidores que por estar en Nicaragua pidió no revelar su identidad, lo que anuncia el Gobierno es una «verdad a medias».
El defensor de los consumidores y especialista en energía recuerda que desde que se privatizó la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Nicaragua en el año 2000, durante el periodo del expresidente liberal Arnoldo Alemán, los contratos a futuro de generación del kilowatt por hora (Kwh) por mes, hasta la actualidad «son los costos más altos de Centroamérica, porque fueron diseñados para obtener ganancias exuberantes».
Y ¿dónde está el secreto? Según explica el experto, las plantas generadoras de energía, principalmente las que funcionan a base de combustibles fósiles (diésel o bunker) cobran no solo por la energía que generan sino por la supuesta capacidad de generación que tienen. Por ejemplo, si una planta tiene capacidad para generar 100 KW, aunque no esté generando a toda su capacidad o peor aún, si no está funcionando del todo, va a cobrar por la energía que genera y además por la capacidad que tiene instalada. A ese cobro le llaman «factor potencia».
El MEM le otorgó entre el 2008 y 2011 concesión a Albanisa mediante los acuerdos 65-DGERR-27-2008; 23-DGERR-2-2009 y 90-DGERR-30-2009, para operar las Centrales Termoeléctricas Che Guevara I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, además las Hugo Chávez I y II, es decir 11 plantas generadoras a base de combustible fósil que llegaba de Venezuela a través de la misma Albanisa. A la fecha no se sabe cuántas de esas plantas están funcionando ni a qué capacidad. No obstante, según el defensor de los consumidores, siguen cobrando millones de córdobas por la supuesta capacidad instalada. Las concesiones a Albanisa son por 25 años.
Asimismo, Albanisa posee las concesiones 021-DGRER-004-2012 y 044-DGERR-004-2015, a 30 años para operar el parque eólico Camilo Ortega, también conocido como Albavientos.
Además, Alba Generación, el apéndice empresarial de Albanisa, fundado por el régimen Ortega-Murillo tiene concesión por 30 años para operar la planta MAN (Managua) localizada en Mateares, de la que tampoco se conoce su capacidad operativa.
Otra razón para los altos costos, es porque la energía a base de fuentes renovables que se genera en el país, que de hecho debería ser más barata, se la cobran a los consumidores como si fuera generada a base de combustibles fósiles.
«Es una táctica que el Gobierno (de Nicaragua) utiliza en todo el sector de la energía y combustibles, establecen precios muy altos partiendo de los precios internacionales del combustible, aunque la estructura de precios de una mercancía no dependa de ello», dice el defensor de los consumidores.
«Ordeñan» al pueblo y estafan al Estado
El economista y analista político nicaragüense en el exilio Enrique Sáenz es más contundente en su análisis y afirma que el régimen Ortega Murillo estafa al Estado y «ordeña» al consumidor de energía porque en realidad la familia Ortega-Murillo mantiene un control casi absoluto en el mercado eléctrico.
Para Sáenz, el régimen Ortega-Murillo «ordeña» a los consumidores por dos lados, porque «por razones que no son ni técnica ni económicamente explicables, según un estudio de la Fundación Nicaragüense para de Desarrollo Económico y Social (Funides), publicado en el 2020, las empresas distribuidoras Disnorte y Dissur, le compran mayor cantidad de energía a las generadoras que venden a mayor precio y esas son precisamente las de Albanisa».
«¿Quiénes son los dueños de Disnorte y Dissur? ¿Quién controla las generadoras de Albanisa, Alba Generación y Alba Vientos? ¿Quiénes establecen los precios para el mercado energético del país? Se preguntó el analista e inmediatamente se contesta: «El régimen detenta prácticamente todo el control del negocio de la energía en Nicaragua tanto por la vía de la generación como por la vía de la distribución».
Y la estafa al Estado, apunta el economista, se demuestra a partir de un «crédito que otorgó en el año 2012 el propio “Ortega empresario” por 200 millones de dólares para supuestamente estabilizar el precio de la tarifa eléctrica, pero el empresario Ortega le impuso al “Ortega Gobierno”, o sea a él mismo, una tasa de interés del 8% anual por ese crédito».
«Ortega le impuso una tasa de interés tan onerosa al Estado cuando en ese tiempo las tasas de interés estaban a menos del 2%. Entonces la mafia en el poder ha exprimido a los nicaragüenses por distintas vías en el sector energético», denuncia el economista exiliado.
Mienten, mienten y vuelven a mentir
Pero es que una mentira, como la llaman los consultados, se cae por su propio peso y de ayudarle a caer se encargó nada más y nada menos que el presidente ejecutivo de la estatal Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), Salvador Mansell Castrillo, en el programa televisivo matutino que se transmite por Canal 4, «En Vivo», del propagandista del régimen Alberto Mora, el pasado 9 de febrero.
En dicho programa, en el minuto 23:39, Masell insistió en la transformación de la matriz energética impulsada por el Gobierno, pero al intentar explicar la forma en que lo han hecho, el presentador Mora mandó a su control master a poner en pantalla una gráfica de generación, pero la que pusieron fue de «capacidad instalada». Es decir, la capacidad de generación que tienen todas las plantas del país ya sean térmicas a base de combustibles fósiles o a base de fuentes renovables.
Tras titubear por unos segundos, Mansell confiesa la verdad sobre la matriz energética del país y reconoce que en realidad la capacidad de generación instalada es de aproximadamente 50% y 50%, entre térmica y renovable.
«En esa lámina, está al día de hoy… Eso es lo que tenemos, capacidad instalada, ahí se ve de forma ordenada, tenemos mitad térmica y la mitad renovable, eso es lo que tenemos instalado. Son 1600 MW, entonces más o menos la mitad es térmica y la mitad renovable», dijo entre titubeos y tos el titular de Enatrel.
Luego agregó que en «la otra lámina, donde aparece la energía y cómo estamos (…) la que está dando el mayor aporte de energía a la fecha en la que hablo, es la eólica, pues los generadores eólicos están generando a su máxima capacidad».
Se tropieza de nuevo con su mentira
Acto seguido y como para intentar salvar el «error», Alberto Mora le pregunta a Mansell si la generación a base de fuentes renovables significa ahorro en las facturas de los consumidores, el funcionario orteguista nuevamente titubeó y apenas pudo decir que la generación de energía en Nicaragua no depende de los «vaivenes» del precio del petróleo y agregó que la tarifa en Nicaragua no es «como en otros países». Aseguró que la tarifa en Nicaragua es estable.
Sin embargo, el sitio web especializado en seguimiento y análisis de la industria eléctrica mundial, GlobalPetrolPrices.com indica que, hasta junio del 2022, el precio promedio de la energía eléctrica para los hogares nicaragüenses era 0.173 dólares por kWh, mientras que el precio promedio en el mundo en ese mismo momento era de 0.161 dólares por kWh. En el caso de la energía para negocio, en Nicaragua se pagaba U$0.181 por kWh, mientras que a nivel mundial el promedio era de U$0.167 por kWh.
Experto en el mercado eléctrico regional explica
El ingeniero costarricense Salvador López, experto en generación de energía eléctrica y analista del Mercado Eléctrico Regional (MER), considerado una voz autorizada en el tema energético centroamericano pues fue miembro de la Junta Directiva del Ente Operador Regional (EOR) por 19 años, detalló, en un análisis solicitado por Artículo 66 que, de acuerdo con los datos conocidos sobre la potencia instalada en Centro América, por país durante todo el año 2021 y que no varió significativamente para el 2022, la matriz de Nicaragua tiene un componente de 870.7 MW de derivados del petróleo, que para un sistema con una demanda máxima de un poco más de 663 MW, es un rubro bien importante.
Esta potencia, explica, sería sustituida (cuando empiece a funcionar) por la planta a gas natural que instala la empresa norteamericana New Fortress, en Puerto Sandino, en en el pacífico de Nicaragua y que, según las autoridades nacionales, tendrá una potencia superior a los 300 MW, lo cual sería «una fuente menos contaminante, por lo que se tendrá un recurso térmico más». Es decir, según el experto, la producción de energía con plantas térmicas a base de combustibles fósiles tiende a crecer y no a disminuir. El gas natural es un tipo de combustible fósil, que, aunque es menos contaminante que los derivados del petróleo, sí es un combustible fósil con emisiones de CO2.
El experto señala que «la matriz energética con mayor dominancia de generación térmica a base de combustibles fósiles de CA es la de Nicaragua», sin embargo, apunta que contiene una matriz con fuentes renovables muy importante, ya que tiene 218 MW de bagazo de caña, además, tiene 153 MW de geotérmica; 157 MW de hidroeléctricas y 186 de eólico.
«Si se desplaza la generación con búnker y diésel, con la entrada de la planta a gas natural, se tendrá sin duda una matriz más limpia, aunque continuará teniendo un porcentaje muy importante de térmico. Un 54.5 % de la potencia instalada es térmico y si tomamos en cuenta que este puede aumentar con la entrada de la planta de gas natural (de New Fortress) de 300 MW o podría sustituir plantas térmicas menos eficientes, la generación térmica solo podría aumentar en el futuro cercano», detalla el experto, y esta explicación da por sentado que efectivamente el régimen miente.
López apunta que, en comparación con Costa Rica, que dentro de su potencia instalada de 3,500 MW solo tiene 455 MW de plantas térmicas, es decir, un 12 %; Nicaragua está muy lejos en materia de transformación de matriz, y en precios ni hablar, pues Nicaragua tiene una tarifa eléctrica domiciliar aproximadamente 10 veces más cara que el vecino país del sur.
En ese sentido, el analista energético deja en claro que «en los últimos años, el costo marginal de los mercados mayoristas de la región (los generadores nacionales que le venden energía a las distribuidoras de cada país), refleja que la energía más cara en Centroamérica es la del mercado de Nicaragua, así lo registra el Ente Operador del Mercado Eléctrico Regional (EOR)».
López insiste en que se debe tomar en cuenta que «la generación renovable no tiene costos variables, como es el caso de los costos de combustibles en las térmicas». Eso hace más inexplicable el hecho de que en Nicaragua la tarifa eléctrica al consumidor final siga aumentando, pese a que el Gobierno grita a los cuatro vientos que han transformado en más del 80 por ciento la matriz energética en Nicaragua.
De acuerdo con el análisis del especialista costarricense, la tarifa domiciliar promedio en Nicaragua es de 0.173 dólares por kWh, mientras en Costa Rica es de U$0,0174 por KWh, para consumos de hasta 140 KWh. «Como puede verse, la diferencia es muy grande entre las tarifas residenciales. Es diez veces mayor en Nicaragua», especifica.
Agrega que, el hecho de que la generación sea renovable pone sobre el tapete dos puntos de análisis: Primero, si la energía se produce con fuentes renovables, que son propias del país «esto quiere decir que la electricidad producida con estas fuentes no está sujeta a incrementos por la subida en los precios del petróleo».
Asimismo, señala que la generación nacional renovable (en Nicaragua) podría ser más barata, pero eso depende de los precios a los que se contrate con las empresas privadas (generadoras).
Apunta además que la diferencia de los precios de la electricidad residencial entre Costa Rica y Nicaragua «puede ser debido a los precios a los que se contrata con los generadores eólicos, los generadores con biomasa (bagazo) o la misma generación solar». Estas generadoras privadas pertenecen a la recién ilegalizada Cámara Nicaragüense de la Energía (CEN), que preside César Zamora, tildado de «aliado de la dictadura».
En general, según explica el especialista costarricense, la matriz más renovable de la región es la de Costa Rica, luego se ubican Panamá y Guatemala. Las de El Salvador y Honduras tienen un crecimiento importante en fuentes renovables, con geotérmicas, solar y eólica.
Al analizar el MER, López detalla que los países que inyectan más energía en la región son Guatemala, Costa Rica y Panamá. Costa Rica exporta sus excedentes de generación renovable, dominada por la hidroeléctrica.
En tanto, al referirse a los mayores consumidores de energía que compran al MER, menciona que destacan El Salvador y Nicaragua. Este último «después de dejar de recibir los beneficios de (combustibles de) Venezuela, aumentó de manera muy significativa su operación (compra) en el MER».
De acuerdo con datos del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), para el 2018 y años subsiguientes, «el Top 5 de los agentes generadores en Nicaragua, en términos de potencia instalada neta (MW), corresponde a Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), de fuente térmica, con 200.3 MW, Alba Generación, S.A. (AGSA), también térmica, con 140.0 MW, Generadora Eléctrica Occidental, S.A., térmica, con 96 MW, Polaris Energy Nicaragua, S.A., geotérmica, con 70 MW y Empresa Energética Corinto, S.A., térmica, con 68,5 MW».
Los mismos datos del Sica indican que para el 2018 y años siguientes, el mayor generador de energía eléctrica era «el grupo ALBA» con Albanisa y Alba Generación, S.A., que operaban «plantas térmicas y eólicas».
Los otros generadores más importantes son las empresas que están «bajo el paraguas de IC Power», que venden energía generada en plantas térmicas y eólicas cuyo gerente de país es César Zamora, presidente de la CEN.
Zamora, quien también era presidente del defenestrado Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), es señalado como un fiel aliado de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y es criticado por hacer negocios en el sector energético al amparo de los dictadores, solo para enriquecerse y no para aportar al desarrollo del país.
Y en ese sentido, el analista Sáenz advierte que uno de los puntos más importantes que debe someterse a análisis y que la población de Nicaragua debe saber es que los millonarios préstamos que el régimen de Ortega ha contraído, la deuda multimillonaria con Venezuela, la tan anunciada cobertura eléctrica y la falsa transformación de la matriz energética no han beneficiado en lo absoluto al consumidor y menos que haya contribuido al desarrollo del país, pero sí han enriquecido a los que participan en ese negocio.
«Para establecer la relevancia de una inversión tan cuantiosa en energía, tenés que saber cuánto beneficia a los consumidores, bien sea por la vía del precio o bien sea por la vía de la cobertura», especifica.
Agrega que también se debe medir cuánto contribuye a la modernización del país y en ese sentido, el analista señala que en un país agropecuario como Nicaragua, la energía para riego debe ser un factor de desarrollo, sin embargo, en el país, el consumo de energía para riego en el 2015 era de 132 mil megavatios hora. Para el 2017 bajó a 104 mil y en el 2022 fue 98 mil MWh. Disminuyó.
En el caso de la industria, en el 2016 ese sector consumía 788 mil MWh, y en el 2022 solo 745 mil MWh, también disminuyó por tanto no hay crecimiento industrial, no hay mayor producción a riego, no hay beneficios en menor tarifa para el consumidor y por ello «en todo el sentido el régimen miente y estafa».
Sigue dependencia del combustible fósil
De acuerdo con las estadísticas del MEM, en el 2007, año en que Daniel Ortega asumió el poder, en medio de una severa crisis energética debido a los altos precios del petróleo y el mal estado de las plantas generadoras, el consumo de fuel oil (combustible derivado del petróleo) para generación eléctrica del país era de aproximadamente 3 millones 139 mil barriles, de los que solo 943 mil 442 fueron importados.
La mayor parte del combustible consumido por el sector eléctrico fue obtenido en la refinería nacional, que refinó 2 millones 600 mil barriles, (82.8 por ciento del consumo nacional).
Para el 2007 el principal suplidor de fuel oil fue Ecuador, que vendió un poco más de 656 mil barriles. Este mismo país sudamericano fue el mayor vendedor para Nicaragua al año siguiente.
Ese equilibrio se mantuvo hasta mediados del 2008, año en que el negocio con Ecuador se terminó porque la supremacía en la venta de fuel oil a Nicaragua la asumió Venezuela, aliada ideológica y económica de Ortega, que pasó de vender 821 mil 629 barriles ese año a 1 millón 950 mil, más del 60 por ciento de la necesidad del país, en el 2012, y siguió aumentando ese volumen hasta mediados del 2015. Ese negocio fue manejado por la empresa binacional Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), controlada por la familia Ortega-Murillo a través de su financiero partidario, Francisco «Chico» López Centeno, que además controlaba Petróleos de Nicaragua (Petronic).
Para finales del 2015 el abastecimiento venezolano, al igual que ocurrió con toda la factura petrolera, disminuyó hasta 1 millón 286 mil barriles de fuel oil, pero el consumo nacional se mantuvo por encima de los 3 millones 300 mil barriles de ese combustible destinado para generación.
Los datos del MEM analizados por Artículo 66, indican además que, en el 2016 Nicaragua consumió un total de 3 millones 411 mil 630 barriles de fuel oil, es decir, 8.6 por ciento más que en el 2007. La generación de energía eléctrica absorbió ese año el 26,67% de todos los combustibles que consumió el país.
Pero el dato se vuelve más interesante si se toma en cuenta que, de ese total de consumo, las plantas generadoras pertenecientes a las empresas Albanisa y Alba Generación S.A., es decir, las plantas denominadas Hugo Chávez y las Ché Guevara, de ese consorcio de generación de energía que según varias publicaciones periodísticas está relacionado con la familia Ortega-Murillo, consumieron 1 millón 231 barriles.
Para este año, ya con Albanisa fuera del mercado petrolero nicaragüense, la empresa Puma Energy de las Bahamas suplió a Nicaragua más del 60 por ciento de todo el fuel oil importado.
Las estadísticas oficiales dejan muy en claro que, al menos desde el 2007 y hasta el 2016 el consumo y por consiguiente la importación de combustible para producir la electricidad que consumen los nicaragüenses se mantuvo en los mismos niveles o aumentó, pese a que el régimen Ortega-Murillo sostiene que han promovido y ejecutado una «transformación de la matriz energética» en el país de forma sostenida desde el 2012 y han dejado de depender de la generación térmica. Algo que, según insisten los expertos, es una «es una gran mentira» como todas las estadísticas que publica el régimen para vender una falsa imagen de prosperidad y bienestar en el país.
Esa «gran mentira» se enfatiza principalmente en el alto costo del servicio de energía eléctrica para la población. «Aun si se hubiera ejecutado un cambio acelerado, al menos en la generación de energía y no en la capacidad instalada, de matriz energética, como pregona el Gobierno, la población paga cada vez más y los empresarios de la energía se embolsan millones a costa del pueblo», destaca el defensor de los consumidores.
Los mismos datos oficiales reflejan que entre el 2017 y el 2019, la generación de energía consumió cada año cerca de 2 millones 900 mil barriles de combustibles fósiles. Solo disminuyó aproximadamente un 15 por ciento, pero esta disminución se debió a que algunas plantas generadoras entraron en mantenimiento o para priorizar otro tipo de generación, lo que no significa que dejen de cobrar por la «capacidad instalada» o el llamado «factor potencia». Además, se debe tomar en cuenta que a partir del 2018, el Gobierno de Estado Unidos empezó la racha de sanciones tanto para los operadores financieros y políticos de la dictadura como para sus empresas relacionadas con el petróleo.
A partir del 2020, el Gobierno dejó de publicar los anuarios estadísticos de hidrocarburo, pero en los pequeños resúmenes que suben a las páginas web del MEM refleja que en el 2020 y el 2021, solo las importaciones del combustible para generación rondaron cada año el millón 900 mil barriles. Para el defensor de los consumidores, en estos últimos 2 años sí es notable una disminución en la importación de combustible para generación, pero insiste en que eso no se debe ver propiamente como una «transformación» de la matriz energética porque la capacidad instalada sigue siendo igual y para ello remite a las mismas estadísticas que publica el MEM sobre la «capacidad instalada de generación térmica» de los últimos años.
Efectivamente, según el ente rector de la Energía y Minas de Nicaragua, la capacidad de generación instalada (térmica), conectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) para el 2010 era de 682.5 megavatios (MW), lo que representaba el 64% de la capacidad total de generación. Para el 2015, el país tenía una capacidad total de generación de 1,330.58 MW de los cuales las plantas térmicas a base de combustibles fósiles cubrían el 54%.
Para el 2021, Nicaragua era capaz de generar en todas sus plantas un total de 1595.44 MW y las generadoras alimentadas con combustibles fósiles cubrían 865.3 MW que representaban el 54.2 por ciento.
Las propias estadísticas del MEM señalan que para el 2021, la capacidad instalada de generación de energía de Nicaragua estaba dependiendo en más del 50 por ciento del combustible y para el año pasado esa potencia instalada no muestra variaciones.
El país tiene 29 «agentes generadores», de los cuales 5 son eólicos con una capacidad instalada de 186 MW. En este sector destaca el parque eólico Alba Vientos, propiedad de Albanisa, con capacidad para más de 40 MW.
Ortega persiguió el lucrativo negocio de la energía desde su regreso al poder
Daniel Ortega no deja nada al azar. Desde su regreso al poder en el 2007, persiguió el lucrativo negocio de la energía y los combustibles en el país. Ese mismo año, ante los constantes apagones que vivía Nicaragua, Ortega advirtió a la empresa española Unión Fenosa que, de no superar los cortes de energía, «revisarían» el contrato de la empresa eléctrica e incluso, amenazó con intervenirla.
Nos obstante, tras varios meses de negociación, en el 2008, el Estado de Nicaragua logró un acuerdo con la energética española y ahí los Ortega-Murillo empiezan a meter las manos en el negocio, pues el acuerdo alcanzado incluía inversión de Unión Fenosa para mejorar la red de distribución, pero el Estado debía ser dueño del 16 por ciento de las acciones de las dos filiales de distribución: Disnorte y Dissur, y además tener una silla en la junta directiva del negocio.
Esa silla directiva fue ocupada por el hombre que se había convertido en «el señor de los negocios» de la familia Ortega-Murillo en el país, Francisco (Chico) López Centeno, vicepresidente de Albanisa, presidente de Petronic, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y finalmente representante de Ortega en la junta directiva del negocio de distribución de energía.
Ortega ya dominaba la importación de combustibles para generar energía eléctrica a través de Albanisa, también el negocio de la distribución al apoderarse de un porcentaje de Disnorte-Dissur y avanzaba en posesionar a Alba Generación en el negocio.
Albanisa (controlada por Chico López) importaba el fuel oil que vendía a sus propias plantas generadoras y a las de Alba Generación S.A., que a la vez era hermana de la misma Albanisa. Estos vendían la energía generada a Disnorte-Dissur en la que Chico López era directivo. Todo bajo control del régimen.
Una investigación del medio de comunicación Confidencial, publicada en noviembre del 2019 reveló que Alba Generación controlaba la Planta MAN.
Según un reporte del diario La Prensa, en el 2001, los grupos empresariales nicaragüenses Pellas y Calsa invirtieron 21.8 millones de dólares para adquirir el 19 por ciento de las acciones de Disnorte-Dissur y se mantuvieron en ese negocio hasta el 2012, cuando le vendieron sus acciones de nuevo a Unión Fenosa que había cambiado su nombre a Gas Natural-Fenosa.
Esta operación con la que Fenosa concentró más del 83 por ciento de las acciones de las distribuidoras de energía eléctrica, mientras el Gobierno de Ortega ya controlaba más de 16 por ciento, se da poco tiempo antes de que la empresa española, supuestamente por no lograr más acuerdos con el régimen Ortega-Murillo, decide en el 2013 retirarse del país y le vende las dos filiales a la también empresa española TSK Melfosur.
Melfosur no era una empresa desconocida para el Gobierno de Ortega pues había llegado a Nicaragua en el 2012, contratada en negocios privados por Chico López desde Albanisa para desarrollar, en conjunto con Enatrel, proyectos de energía eólica, específicamente el parque eólico de Rivas.
TSK Melfosur se mantuvo operando la distribución de energía en el país hasta inicios del 2020 y, coincidiendo con las sanciones de Estados Unidos a Albanisa y a Chico López, decide retirarse de Nicaragua y vendió sus acciones en Disnorte-Dissur a un nuevo dueño «sin rostro» pues hasta la fecha se desconoce quién adquirió ese negocio, aunque fuentes extraoficiales han sugerido que el comprador de las distribuidoras fue Albanisa.
TSK Melfosur anunció oficialmente que se retiraba de Nicaragua sin dar explicaciones de la transacción en la que vendió más del 83 por ciento de sus acciones en esas empresas por las que en el 2013 había pagado 57.8 millones de dólares a Gas Natural Fenosa.
Ante las sanciones de EE.UU a Albanisa, Ortega ordenó, en diciembre de 2020, a sus diputados en la Asamblea Nacional aprobar la Ley 1056, «Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del suministro de la energía eléctrica a la población nicaragüense», con la que según el régimen, nacionalizó la distribución de la energía, pero en dicha Ley hay un detalle interesante.
En el párrafo segundo del artículo 2, esta Ley orteguista especifica que «En un plazo no menor de un año, contado a partir de la vigencia de la presente Ley, el MEM deberá garantizar la participación de otros operadores idóneos nacionales y/o internacionales, priorizando la incorporación de sujetos privados o mixtos de conformidad con las leyes de la Industria Eléctrica», es decir, manda a privatizarla de nuevo, pero esta vez, nadie sabe quiénes entraron al negocio.
El régimen Ortega-Murillo mantiene en absoluto secreto la información de los nuevos propietarios de las empresas distribuidoras de energía Disnorte y Dissur. Incluso, en la página web oficial de esas filiales no hay nada relacionado con su junta directiva ni los propietarios o accionistas. Ese secretismo ha despertado suspicacias entre analistas que han llegado a considerar que los verdaderos dueños de la distribución de la energía en el país estarían directamente relacionados con la familia en el poder.
En el 2020, el analista político ahora en el exilio Eliseo Núñez advirtió que detrás de la compra de Disnorte-Dissur estaría Albanisa y por ende la familia Ortega-Murillo.A esa misma conclusión llega Enrique Sáenz, quien asegura que los Orega-Murillo controlan todo el mercado eléctrico y «no es difícil adivinar quién estaría detrás de la compra de Disnorte y Dissur, son “la mafia en el poder”», concluye Sáenz.
Deberián de investigar a los oligarcas que son dueños de plantas electricas que les ha concedido Daniel Ortega y por eso estan calladitos permitiendole todas actos de represion. Entre ellos esta Carlos Pellas y Eduardo Montealegre por mencionar unos cuantos. Ortega nor esta en el poder solo, esta respaldado por el gran capital que lo acompaña en sus absurdos precios, la azucar de Nicaragua es la mas cara de Centro America.