Al menos 40 días han pasado desde que el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional (SPN), conocido como «La Modelo». Desde ese momento, se desconoce su estado de salud. Organismos de derechos humanos y abogados han afirmado que el jerarca católico es sometido a una «desaparición forzada» por parte de la dictadura orteguista.
El abogado Yader Morazán, exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y experto en administración de justicia, asegura que el Poder Judicial es el responsable de la «desaparición» del purpurado. Monseñor Álvarez fue trasladado de su vivienda familiar en Managua a la cárcel de reos comunes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«El Poder Judicial es responsable legal de la condición de Desaparición Forzada (crimen de Lesa Humanidad) de monseñor Rolando Álvarez. Ello, indistintamente de que al inicio admitieron que estaba bajo la custodia policial y luego a cargo del Sistema Penitenciario», escribió Morazán en su cuenta de Twitter.
Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se producen desapariciones forzadas siempre que «se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley».
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La ONU explica que, cuando se produce una desparión forzada, se pueden violar los siguientes derechos civiles y políticos de las personas sometidas a esta situación: derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; derecho a la libertad y seguridad de la persona; derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Además, el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida: derecho a una identidad; derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización y el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.
Siete meses detenido
El obispo acumula siete meses detenido desde que fue tomado por la fuerza y secuestrado del Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa, de ahí fue sacado con violencia la madrugada del 19 de agosto de 2022. 15 días atrás ya estaba sitiado sin posibilidad de salir a ejercer sus labores pastorales.
A inicios de febrero el régimen intentó desterrarlo de Nicaragua enviándolo en un avión a Estados Unidos, pero el prelado arruinó el plan de la pareja dictatorial y se negó a abordar el vuelo.
Su hermana ha pedido a la justicia del régimen que le permitan ver a su pariente, pero todo ha sido inútil. No sabe dónde y cómo está. El prelado es parte del grupo de más de 30 presos políticos que la dictadura mantiene en sus cárceles, la mayoría está confinado en «La Modelo», en Tipitapa.
Después de resistirse a ser desterrado, el obispo fue llevado a los Juzgados de Managua donde lo sometieron a un juicio sumario exprés. Ese mismo día, el 10 de febrero, fue declarado culpable, lo condenaron a 26 años de cárcel, le arrebataron su nacionalidad y lo despojaron de sus derechos civiles y políticos de por vida.