Angela Buitrago, integrante del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés), dijo en entrevista a Artículo 66 que en el informe presentado recientemente se detalla la persecución que vive la Iglesia católica por parte del régimen de Daniel Ortega.
«En el informe vemos que hay un círculo de persecución a la Iglesia católica en Nicaragua que lleva a la detención, encarcelamiento y sistemática violación de derechos de los sacerdotes y de los miembros de la Iglesia», señaló la experta.
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Asimismo resaltó que se observó que existe una persecución en contra de la prensa de la Iglesia, así como de religiosos y feligreses, «inclusive restringiendo derechos de libre culto, lo que también lleva a pensar que aquí —en Nicaragua— no hay nadie que se salve de la persecución», refirió.
Además afirmó que el tema en particular ya no solo lo expuso el papa Francisco como máximo dirigente de la Iglesia católica, sino que también se refleja en la condena a 26 años de cárcel por supuestos delitos de conspiración a la patria en contra de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa.
«Creemos que el tema de la persecución es un tema que se consolida en toda su intención (…) ya que también hay una discriminación frente a estos supuestos delitos —contra los sacerdotes presos políticos—».
Referente al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre el régimen de Ortega y la Iglesia católica, Buitrago dijo que el papa Francisco «tuvo toda la paciencia para lograr el diálogo con Daniel Ortega frente a sus sacerdotes, pero fue imposible generarlo».
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La también exfiscal colombiana subrayó que existe una situación «muy grave» , donde «ni siquiera se quiere reconocer a una institución que tenía tanta fuerza en Nicaragua y que es parte de la historia de ese país».
«Creemos que esto pone en claro que cualquier persona que se sospeche opositora va a entrar dentro del sistema de persecución del régimen de Nicaragua», insistió.
En cuanto a la inexistencia que pudiera haber de la Iglesia católica en Nicaragua, Buitrago asegura que esto «tendrá consecuencias a corto y largo plazo, incluso por el tema de la Semana Santa, en donde ya se está limitando acciones que son parte de una cohesión social y esto pudiera generar acciones muy complejas dentro del suelo nicaragüense».
En una reciente conferencia de prensa en San José, Costa Rica, los expertos de la ONU indicaron que la comunidad internacional «puede ejercer lo que se llama principio de protección, para evitar que se sigan cometiendo delitos de lesa humanidad como fue verificado en la investigación y como se logró demostrar».
Por otra parte, los expertos aseveraron que las consecuencias que conlleva las acciones represivas del régimen se pueden percibir por las decisiones que ha tomado el Estado de manera arbitraria, «no solamente privando de la nacionalidad a las personas, sino convirtiéndolas en apátridas (..) situación que es muy dramática para las personas afectadas, porque quedan en un limbo y no tengan posibilidad de moverse en ninguna condición», apuntó Angela Buitrago.
