La expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) Lucy Valenti calificó de un proceso de «talibanizacion de la dictadura» la cancelación de la personalidad jurídica de esa institución empresarial, así como de otras 17 que eran agremiadas del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
A través de su cuenta de Twitter, la empresaria señaló que «la cancelación —efectuada este lunes, seis de marzo— de la personalidad jurídica a Canatur y de todas las gremiales era cuestión de tiempo».
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Enfatizó que el régimen de Ortega se «siente acorralado y su respuesta es arrasar». A la vez resaltó que a lo largo de su fundación “Canatur ha hecho historia en el turismo del país y no podrán borrar eso. ¡Seguiremos!”».
Valenti, que por varios años estuvo al frente de esa cámara, salió de Nicaragua el 22 de octubre del 2021, mismo día que la Policía orteguista detuvo al expresidente y vicepresidente del Cosep, Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente; a quienes acusó y condenó de «conspiración y lavado de dinero», parra luego desterrarlos del país.
Artículo 66 intentó conocer la opinión del actual presidente de Canatur, Carlos Werner Schütze, sin embargo alegó que por el momento estaba atendiendo una situación, que establecería comunicación en las próximas horas.
Según los acuerdos ministeriales 26-2023-OSFL y 27-2023-OSFL del Ministerio de Gobernación (Migob), publicados en La Gaceta No. 41, las ONG «no completaron el proceso de convalidación de registro; presentando inconsistencias en la información».
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Entre las supuestas anomalías justificó el Migob para «descabezar» al Cosep y 18 de sus cámaras es que presentaban variaciones en cuentas sin justificar, diferencias de saldos sin soportes en cuentas, no reportan detalle de ingresos y gastos, «con estas acciones estos organismos no promueven políticas de transparencia en la administración y manejo de sus fondos; así mismo no han reportado estados financieros periodo fiscal 2022», señala.
Bajo estos mismos argumentos, la dictadura ha ilegalizado a cientos de organizaciones no gubernamentales para despojarlos de sus personalidades jurídicas, así como apoderarse de sus bienes.
Una fuente ligada al sector privado dijo en condición de anonimato a Artículo 66 que «cualquier cosa que esté fuera o al margen de la actividad del régimen es una cuestión que debe ser afectada porque ellos necesitan tener el control absoluto del ámbito económico, cultural, social, académico, entre otros».
«La administración actual del Cosep pecó porque pensó que estando en silencio, haciendo su actividad económica de forma regular, el régimen de Ortega no lo iba a afectar, pero lo cierto es que los empresarios estaban equivocados, porque para el Frente Sandinista, todo lo que huela a sector privado y en general a lo que participó en las protestas sociales de 2018 es traidor», remarcó.
Lista de cámaras descabezadas
Esos son las cámaras y asociaciones despojados de su personalidad jurídica, publicadas en la Gaceta diario oficial de Nicaragua:
- Asociación Cámara Minera de Nicaragua (Caminic
- Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec)
- Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur)
- Cámara Nicaragüense de la Construcción
- Asociación Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic)
- Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan)
- Asociación Nicaragüenses de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda)
- Cámara de Microfinancieras (Asomif)
- Cámara de Energía de Nicaragua (CEN)
- Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic)
- Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua
- Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin)
- Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen)
- Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (Anapa)
- Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores (Andiva)
- Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa)
- Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur)
- Cámara de Productores y Procesadores de Palma Africana (Capropalma)
- Asociación Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)
Desde el 2018, las relaciones entre la empresa privada y el Gobierno de Daniel Ortega se rompieron, luego que el Cosep estuviera en desacuerdo con la represión contra los nicaragüenses, lo que desató una persecución contra algunos empresarios a los que encarceló y desterró.