El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) de Costa Rica se pronunció en denuncia ante la «apropiación arbitraria» de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Para Costa Rica, que mantiene fuerte presencia en los foros internacionales de derechos humanos, la situación en el hermano país contradice las obligaciones que tiene todo estado en el marco del derecho internacional, que prohíbe privar arbitrariamente la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos», expresó el ministro Christian Guillermet-Fernández.
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El comunicado emitido por Exteriores menciona que, «de esta forma, Costa Rica se une a lo señalado por Naciones Unidas y otros organismos multilaterales, que señalan que las medidas tomadas por las autoridades nicaragüenses, de promover una reforma legislativa que permite privar arbitrariamente a una persona de la ciudadanía, contraviene la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para Reducir los Casos de Apátrida de 1961, de los cuales Nicaragua es parte».
«Costa Rica hace un llamado e insta a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar el disfrute del derecho a la nacionalidad y de tomar medidas para la prevención y erradicación de la apatridia, y especialmente, a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos» añade.
El comunicado finaliza resaltando que «Costa Rica mantiene en monitoreo el tema de presos políticos en Nicaragua». El vecino país del sur ha denunciado de manera constante los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura que actualmente mantiene en cautiverio al obispo Rolando Álvarez, al sacerdote Manuel Salvador García y a monseñor Leonardo Urbina.
Ortega reformó el artículo 21 de la Constitución Política de la República para quitar la nacionalidad nicaragüense a las voces disidentes a su régimen. Abogados y organismos locales e internacionales de derechos humanos han afirmado que lo actuado por los jueces orteguistas es violatorio a las leyes internacionales.
Diversos países de la comunidad internacional han pedido a Ortega que se revierta su decisión y restituya los derechos de las personas afectadas con la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, pero el régimen hace oídos sordos a estos llamamientos.