Durante las protestas sociales de 2018, Rusia entrenó a un grupo selecto de policías de Nicaragua para «reprimir y controlar a la sociedad civil», revela el informe titulado Alianzas Peligrosas: «El avance de Rusia en América Latina», elaborado por los investigadores Douglas Farah y Marianne Richardson.
El encargado de llevar a cabo la «capacitación especial» fue el teniente coronel ruso Oleg Surov, quien dirige el centro de capacitación policial de Rusia instalado en Managua.
Durante el estallido social, a Surov se le encomendó la tarea de capacitar a los represores del régimen de Daniel Ortega, quienes recibieron clases tituladas «Medios y métodos modernos para combatir el extremismo y terrorismo». El curso proporcionó técnicas de vigilancia digital y electrónica que mejoraron la capacidad de la dictadura nicaragüense para reprimir.
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Los investigadores de la organización IBI Consultants indican que, en 2021, los rusos también brindaron un curso de seguimiento para 20 oficiales centrado en técnicas y formación de vigilancia electrónica.
Desde entonces, el principal ejecutor y asesor de seguridad nacional de Ortega, Néstor Moncada Lau, sancionado por Estados Unidos, estableció una nueva estructura permanente dentro de la Policía Nacional de Nicaragua «para llevar a cabo actividades de inteligencia y vigilancia con asesores rusos».
La sede del nuevo centro de vigilancia estaría ubicada en el edificio de la Empresa de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua (Telcor) en Managua, también sancionado por Estados Unidos.
Al menos a 14 personas presas políticas acusadas bajo los delitos de «menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas» se les ha inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular y, sometidos a la suspensión de los derechos políticos, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Los defensores reiteraron que en la reciente sentencia contra siete religiosos y un laico de la diócesis de Matagalpa «quedó expuesto que el régimen está delinquiendo impunemente; y el Poder Judicial, al estar contraviniendo lo que las leyes y actuando contra ley expresa, incurren en la comisión de delitos tipificados en el Código Penal de Nicaragua, por lo que deberán ser juzgados».
La justicia al servicio del régimen de Daniel Ortega adelantó para el miércoles, 15 de febrero, el juicio contra monseñor Rolando Álvarez, así lo conoció Artículo 66.
El proceso en contra del obispo de la Diócesis de Matagalpa estaba programado para el 28 de marzo, sin embargo, la jueza sandinista Nadia Tardencilla adelantó la judicialización del líder religioso sin explicación alguna.
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El cambio ocurre luego del juicio político en contra de los religiosos y laicos que sufrieron asedio policial junto a monseñor en la Curia Episcopal de Matagalpa, antes de su arbitraria detención en agosto pasado.
El obispo y sus cercanos fueron acusados por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas en contra del Estado.
42 opositores mayores de 60 años permanecen encarcelados en los diferentes penales de Nicaragua y otros bajo arresto domiciliario por órdenes del régimen de Nicaragua, según el reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
EL documento indica que, al 31 de enero, se contabilizaban 245 reos de conciencia, entre ellos 42 ciudadanos que oscilan entre los 60 y 80 años.
La mayoría presenta diversos problemas de salud, necesitan atención médica y sus medicamentos, sin embargo, el régimen les continúa negando la atención médica personalizada.
