La justicia de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, condenó este miércoles a diez años de prisión a dos conductores del Diario La Prensa por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, confirmó el medio de comunicación en su portal web.
El rotativo indicó que la lectura de la sentencia en contra de los conductores fue a las 9 de la mañana y duró unos 20 minutos. Desde su detención arbitraria, ambos se encuentran recluidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como “El Chipote”, un centro de torturas en el que también se encuentran otros presos políticos.
Uno de los colaboradores sentenciados fue quien el pasado 6 de julio de 2022 acompañó al equipo periodístico que dio cobertura a la expulsión de las 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, a quienes el régimen ordenó sacar por las fronteras de Peñas Blancas días después de haber cerrado la organización benéfica que las religiosas dirigían en el país.
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Justicia cobarde y mentirosa de la dictadura condena a 10 años de prisión a 2 trabajadores de LA PRENSA El edificio y equipos del diario más antiguo de Nicaragua ha sido robado, los periodistas exiliados, pero la verdad JAMÁS ha podido ser callada! https://t.co/IoVQWdVUas
— Arturo McFields Yescas (@ArturoMcfields) February 9, 2023
La noche del mismo 6 de julio la dictadura se llevó presó a ambos conductores y emprendió un cacería en contra de los periodistas de La Prensa, incluyendo al equipo que reportó la salida de las religiosas. De hecho, entre los acusados también están una periodista y la administradora del medio, quienes lograron exiliarse.
La Prensa orientó el exilio forzado de todo su personal tras esa embestida de la dictadura, el allanamiento de las viviendas de sus colaboradores y el asedio permanente contra sus periodistas que continúan laborando fuera de Nicaragua ante las amenazas de detención.
Las instalaciones del medio fueron tomadas a la fuerza por la Policía Nacional el 13 de agosto de 2021, cuando las autoridades nicaragüenses alegaron que el medio supuestamente era utilizado para cometer delitos de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos”.
