Urnas Abiertas reveló que entre el año 2017 y 2022, el municipio de Managua fue el territorio que recibió más recursos para la ejecución de proyectos, dejando así en desventaja al resto de municipios.
En el artículo «La inversión pública en el territorio», el organismo afirmó que la mayoría de proyectos de construcción de carreteras, hospitales, saneamiento de agua, entre otros, son principalmente financiados a través de donaciones y préstamos, que la ciudadanía nicaragüense paga con sus impuestos y no por el partido de gobierno que dirige el dictador Daniel Ortega a como el régimen lo ha «vendido».
Asimismo, destacó que el proyecto «Rehabilitación de la pista Juan Pablo II», de acuerdo con documentación oficial, «tendría un costo total de US$ 274.87 millones de dólares, para ejecutarse entre 2019 y 2025, y estaría financiado en un 87.85 % por préstamos, provenientes del Banco Europeo de Inversiones (49.48%) y el BCIE (38.37%); mientras que el restante 12 % sería aportado con los recursos propios de la Alcaldía de Managua».
Noticia relacionada: Régimen listo para ejecutar millonario préstamo del BCIE para «mejoramiento de carreteras»
«Hasta diciembre de 2021 se habría ejecutado un total de 1,194.95 millones de córdobas, los cuales, según la sección de seguimiento a las inversiones públicas del sitio web del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), se refieren en su mayoría al pago por “Compensación por despeje de derecho de vía de Rehabilitación de Pista Juan Pablo II en la ciudad de Managua”, los cuales suman unos 897.57 millones de córdobas», indicó.
«En 2022, se destinó un total de 3,720.49 millones de córdobas para continuar este proyecto, de los cuales 1,099.67 millones se destinaron a las obras de construcción de 5 pasos de desnivel en las intersecciones: El Periodista, ENEL, Metrocentro, Plásticos Robelo y Santo Domingo, según información del SNIP», continuó.
«Esta es la inversión más importante que se encuentra en ejecución (hasta la revisión hecha al año 2022) del sector transporte y, como lo registra el SNIP, cuenta con 13 obras de las cuales 9 son generación de infraestructura física», agregó.
El sector vial, el más favorecido
Urnas Abiertas también señaló que en los últimos cinco años la infraestructura vial ha sido el rubro de mayor inversión pública en Nicaragua.
«Entre 2017 y 2022 se identificaron 260 proyectos que se desglosan 1,1195 obras individuales, las cuales van desde los estudios de factibilidad del proyecto, hasta la puesta en marcha de la construcción», indicó.
El equipo interdisciplinario ubica como el segundo proyecto insignia de infraestructura vial el «Mejoramiento de la carretera Rosita- Puerto Cabezas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte», que actualmente se encuentra en ejecución.
Este proyecto es ejecutado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y es financiado en un 99 % por el BCIE, a través del Contrato de préstamo No. 2229 VIII Programa de Mejoramiento y Ampliación de Carreteras del BCIE.
«La información reportada por el SNIP arroja que el proyecto inició efectivamente en septiembre de 2019 y finalizará en noviembre de 2023, teniendo un costo total de 7,489.84 millones de córdobas», detalló Urnas Abiertas en su artículo.
Además, el organismo subrayó que el régimen orteguista ha tomado las necesidades históricas de la población nicaragüense para hacer propaganda política, como el abastecimiento de agua potable en Bluefields.
«El sistema de agua recién inaugurado es un sueño cumplido y una de las demandas ciudadanas que históricamente han ocupado las agendas políticas de los gobiernos regionales. Pero el crédito “no puede ser para el FSLN”, dice un lugareño que atribuye este proyecto a él y la ciudadanía», reza el artículo.
Por su parte, el propagandístico Canal 4 atribuyó este importante proyecto a «la buena gestión» del régimen de Ortega a través de ENACAL. Sin embargo, este proyecto estuvo financiado en un 47 % por un préstamo del BCIE, donaciones de la Unión Europea (27 %) y el Gobierno de España (20 %) y ejecutada con apenas 5 % de fondos del tesoro.
Urnas Abiertas aseguró que «los proyectos de inversión no cuentan con la misma información pública, lo que limita que la población pueda ejercer una correcta fiscalización. (…) Tampoco hay posibilidad de que la ciudadanía incida en las decisiones de la inversión pública, a pesar que los proyectos deberían apuntar a mejorar la calidad de vida, toda esta situación por una parte profundiza la falta de transparencia y por otra obstaculiza que se logren avances en el desarrollo y bienestar social».
