El Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza decidió renovar las sanciones en contra de 21 funcionarios y tres instituciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo debido a las «graves violaciones a los derechos humanos y de la represión de sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua».
La renovación de estas sanciones entró en vigor el pasado 24 de enero. Tendrán una vigencia de un año más, en el que se evaluará la situación del país centroamericano. En la lista de sancionados se encuentran la vicemandataria de Nicaragua Rosario Murillo y sus hijos Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo.
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En la lista también se incluyen Sonia Castro, exministra de Salud, Néstor Moncada Lau, asesor presidencial, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, el director general de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz; el comisionado general Juan Antonio Valle Valle, la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido; y la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Nahima Janett Díaz Flores.
Los sancionados «son responsables de graves violaciones de los derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el debilitamiento de la democracia y el estado de derecho».
Las sanciones para todos son individuales, aclara el comunicado oficial. Aplica en lo financiero, es decir, los orteguistas sancionados no pueden tener cuentas bancarias ni negocios de ningún tipo en ese país europeo donde radican los más prestigiosos bancos del mundo. Además, la medida les prohíbe circular por ese Estado.
El Consejo Federal de Suiza impuso sanciones financieras y de viaje a un grupo de personas vinculadas a la dictadura de Nicaragua. Las restricciones consisten en que sus bienes serán congelados y se les prohibirá el ingreso o tránsito por Suiza. «Estas sanciones no están dirigidas contra el pueblo de Nicaragua», aclaró el Gobierno de Suiza.
Las instituciones sancionadas por el país europeo son la Policía Nacional, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el Consejo Supremo Electoral, todas estas piezas claves en la represión orquestada por Ortega.