Los pueblos Rama y Kriol y la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) al régimen de Nicaragua por la falta de consultas sobre la Ley creadora del Gran Canal Interoceánico, y la Ley que otorgó la concesión para la construcción de la megaobra sobre tierras de indígenas y afrodescendientes.
En la audiencia pública de la Corte-IDH declararon víctimas de dichas comunidades quienes afirmaron que la concesión canalera es violatoria al proceso de demarcación y a la Ley de Autonomía.
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El régimen de Nicaragua no acreditó a ningún representante en este caso, como ha pasado en otras ocasiones. Tampoco ha respondido las comunicaciones del organismo continental.
Familiares del preso político y gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, lograron visitarlo por décima sexta ocasión en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote» en Managua. Durante el corto encuentro, sus parientes constataron que la salud del opositor se continúa deteriorando.
Una fuente, bajo anonimato, detalló a La Prensa que Holman sigue presentando problemas de visión, para respirar y dolores en el bajo vientre a causa de una hernia; pese a sus afectaciones las autoridades judiciales continúan sin brindarle una atención médica especializada.
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Asimismo, a 18 meses de haber sido secuestrado y llevado a las celdas de “El Chipote”, el líder campesino y preso político, Medardo Mairena, continúa presentando problemas en su rodilla y circulación, sin que el régimen le permita ser atendido por un especialista, denunciaron sus familiares quienes lograron verlo el 31 de enero.
Los parientes demandaron que el tipo de alimentación mejore, así como la oportunidad de permitirle el ingreso de una Biblia.
El defensor y secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez-Ayérdiz, denunció que el Estado de Nicaragua se encuentra realizando «procesos absolutamente nulos» en contra de presos políticos.
El defensor sostuvo que «la acumulación de atribuciones en el poder ejecutivo hace que el Estado se convierta únicamente en un conjunto de instituciones avocadas en el control de la represión de voces opositoras».
Añadió que la criminalización, especialmente en contra de la Iglesia católica, puede traducirse como una forma de venganza estatal.
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La revista británica The Economist Intelligence Unit (EIU), en su más reciente informe, posiciona a Nicaragua como un régimen dictatorial y la ubica en el puesto 143 a nivel mundial en cuanto al índice de democracia.
Venezuela es el país que ocupa el primer puesto a nivel latinoamericano como la nación más antidemocrática. En tercer lugar, por debajo de Nicaragua, se ubica Cuba en el puesto 139 y le sigue Haití en el puesto 135.
El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollanhián, arribó a Managua el miércoles, primero de febrero, como parte de su gira por Mauritania, en África Occidental, y Latinoamérica, donde visita a sus países aliados: Nicaragua y Venezuela, gobernados por los dictadores Daniel Ortega y Nicolás Maduro, respectivamente.
Al ministro iraní le acompañó una delegación conformada por asesores, directores y diputados de su país, quienes fueron recibidos por el canciller nicaragüense, Denis Moncada, y por algunos hijos de la familia dictatorial a quienes Daniel Ortega y Rosario Murillo les han otorgados cargos públicos.
El funcionario iraní agendó reunirse con diputados sandinistas y con el dictador Daniel Ortega. A su vez, aprovechó para firmar con su homólogo de Nicaragua un «Memorándum de Entendimiento sobre el Mecanismo de Cooperación y Consultas Políticas», que incluye establecer reuniones de trabajo sobre temas que ambos países consideren de «interés mutuo».
En diciembre pasado, Irán y Nicaragua firmaron un programa integral de cooperación en diversos campos como el energético, agropecuario y comercio; y, según ambos regímenes, este nuevo memorándum complementará al acuerdo previo.
