El defensor y secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez, denuncia que el Estado de Nicaragua se encuentra realizando «procesos absolutamente nulos» en contra de presos políticos, a quienes ha asumido como disidentes o adversarios a su régimen.
«Las violaciones a las garantías del debido proceso han sido violadas por el Estado de Nicaragua en los juicios contra presos políticos, disolución y confiscación de asociaciones, entre otros atropellos. Hasta hoy, todos los procesos sin garantías, son absolutamente nulos. La acumulación de atribuciones en el poder ejecutivo hace que el Estado se convierta únicamente en un conjunto de instituciones avocadas en el control de la represión de voces opositoras», refiriere el defensor.
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Afirma que la criminalización de Ortega, especialmente en contra de la Iglesia católica, puede traducirse como una forma de venganza estatal« que existe el crimen de persecución que está contemplado en el capítulo siete del Estatuto de Roma, todos estos ataques pueden observarse como una persecución impuesta por el régimen en contra de los religiosos».
«2022 fue el año en que más se detuvo a personas por hacer algún tipo de oposición al gobierno y señalamos nuestra preocupación por los efectos en los familiares de esa incomunicación prolongada, nuestro lamento por los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas», añadió el miembro de Calidh en entrevista con Artículo 66.
Para la entidad, el respeto a los derechos humanos y la libertad de los presos políticos han sido las principales denuncias, especialmente en 2022, cuando el régimen arreció la cacería incluso contra los familiares de opositores.
El defensor y secretario ejecutivo de Calidh, Danny Ramírez, afirma que para este año las demandas se van a centrar en «libertad para los presos políticos, el cese a los ataques contra la Iglesia, restauración de derechos humanos y libertades, retorno de los exiliados, verdad y justicia para los asesinados por el gobierno de Nicaragua y reparación a sus familias».
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«Exigimos el cese de la persecución a la Iglesia y la liberación de monseñor Rolando Álvarez, religiosos y laicos condenados como una forma de venganza estatal. Estos juicios violan el Derecho Internacional. Desde Calidh seguiremos acompañando a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Estamos especialmente comprometidos con los presos políticos, para quienes hoy exigimos su libertad inmediata e incondicional. Los adultos mayores deben ser liberados ya», añade el activista.
Calidh, organización que demandó a Argentina investigar a funcionarios de la dictadura de Nicaragua, ha denunciado que «observa con mucha intranquilidad cómo los efectos de los tratos crueles, inhumanos y degradantes se extienden hacia los familiares y cercanos» de los presos políticos.
«Exigimos la liberación de todos los presos políticos porque fueron juzgados con leyes que rompen las garantías procesales y que persiguen la venganza del Estado contra las voces opositoras. No hay justicia en la venganza», refiere el organismo.