Las mujeres presas políticas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene en cautiverio en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote», son sometidas a «discriminación en razón de género» por las autoridades policiales, revela el informe «Nicaragua: Hechos y Figuras 2022 sobre la situación de los derechos humanos» de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El documento explica que la mayor parte de las personas presas políticas se encuentran condenadas y recluidas en la prisión de hombres del Sistema Penitenciario Nacional «La Modelo» y en «El Chipote».
En este último hay cuatro mujeres en aislamiento, todas lideresas de la Unión Democrática Renovadora (Unamos): Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Tamara Dávila y Suyen Barahona. Otras cinco mujeres permanecen en máxima seguridad. Ortega y Murillo mantienen en sus cárceles a 26 presas políticas, seis son adultas mayores de 60 años o más.
«En algunos casos, permanecen en régimen de aislamiento prolongado, celdas de castigo o en régimen de máxima seguridad. En el caso de El Chipote, hay un marcado componente de discriminación en razón de género ya que solo las mujeres permanecen en aislamiento desde su detención arbitraria, una de ellas en el pabellón masculino», destaca el informe de la OACNUDH.
La oficina de la ONU señaló que en 2022 la dictadura detuvo arbitrariamente a centenares de personas, incluidos, por primera vez desde 2018, sacerdotes de la Iglesia católica, y siguió sometiendo a las personas privadas de libertad a condiciones inhumanas de detención.
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Según la OACNUDH, la salud física y emocional de los rehenes de conciencia se ha visto afectada severamente porque las condiciones de detención no cumplen con las Reglas Mandela y Bangkok, una demanda permanente de los familiares de las personas presas políticas.
Régimen duplica número de presos políticos
Más presos políticos
El informe de la OACNUDH revela que la cantidad de presos y presas políticas se ha duplicado desde el 2020 al cierre del año pasado, pasó de 110 hace dos años a 225 personas privadas de libertad en 2022. Los números más altos de aprehensiones se registraron previo a los comicios nacionales en 2021 y los municipales del año anterior.
«Previo a las elecciones municipales de noviembre (de 2022), hubo un incremento de las detenciones, 45 personas entre junio y noviembre. Las organizaciones de la sociedad civil consideran que hay un subregistro en los datos, debido a que los familiares de las y los detenidos temen denunciar las detenciones por posibles represalias», afirma.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, el régimen de Ortega tiene cautivos a más de 225 opositores en sus cárceles: 178 ya fueron condenados y 47 tienen procesos abiertos. Todos son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denuncias de sus familiares y organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.
