El Ministerio Público ha buscado a unas siete personas para que les sirvan de «testigos» en el juicio político contra el sacerdote Enrique Martínez Gamboa, párroco de la Iglesia Santa Martha, de la Arquidiócesis de Managua.
La jueza Nadia Camila Tardencilla inició las diligencias de organización del juicio en contra del religioso, informó en su cuenta de Twitter el experto en administración de justicia y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán.
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El padre Martínez Gamboa es acusado de presunta conspiración contra la integridad nacional en concurso real de propagación de noticias falsas. El sacerdote es parte de los más de 12 religiosos y periodistas católicos presos.
La dictadura de Nicaragua ha levantado una lista de ciudadanos que puedan servirle para declarar en contra de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa convertido en reo de conciencia.
Al menos 16 personas, entre ellos varios fanáticos sandinistas, estarían siendo citados por la Fiscalía en su intento por inculpar al líder religioso por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Sin embargo, uno de los supuestos testigos, el ciudadano matagalpino Nieves Hernández, quien trabajó como sonidista para Radio Hermano de la diócesis del norte y era conductor de los religiosos, ya respondió en su cuenta de Facebook que «no traicionará ni a su Iglesia católica ni a sus sacerdotes».
La Policía de Nicaragua se tomó las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, organismo que fue despojado de su personalidad jurídica en abril de 2022.
Pese a la consumación del robo de las oficinas, los directivos de la CPDH afirmaron que «ni estos actos represivos ni las amenazas ni el encarcelamiento contra su funcionaria, la doctora María Oviedo, han callado ni callarán su voz y su lucha por defender los derechos humanos de los nicaragüenses».
Martha del Socorro Ubilla, la nueva presa política del régimen de Nicaragua, cumplió 60 años este 19 de enero, sin embargo, se encuentra detenida de manera arbitraria desde el 11 de enero en la Estación Tres de la Policía en Managua.
La opositora de la tercera edad es madre del preso político Marvin Castellón Ubilla y del excarcelado político Marlon Castellón Ubilla. Desde las protestas sociales de 2018 ha alzado su voz por la libertad de sus hijos, lo que, según, defensores de derechos humanos, fue el motivo para que el régimen la encerrara.
«Martita», como la conocen sus cercanos, está siendo procesada junto a otros tres opositores de un delito que el régimen no detalló.
Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Emmanuel Macron afirmaron que se encuentran «preocupados» ante la situación de las ciudadanas francesas Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horvilleur, de 43 años, quienes fueron condenadas por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
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La Cancillería del país europeo, que desde el arresto de ambas afirmó seguir de cerca la situación y solicitarle al régimen Ortega-Murillo que ejerza la protección consular, manifestó que les «preocupa las condiciones de reclusión y el estado de salud de ambas y que, a pesar de numerosas solicitudes a las autoridades nicaragüenses, no se concedió acceso consular al juicio».
La dictadura de Nicaragua ha levantado una lista de ciudadanos que puedan servirle para declarar en contra de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa convertido en reo de conciencia.
Sin embargo, uno de los supuestos testigos, el ciudadano matagalpino Nieves Hernández, quien trabajó como sonidista para Radio Hermano de la diócesis del norte y era conductor de los religiosos, ya respondió en su cuenta de Facebook que «no traicionará ni a su Iglesia católica ni a sus sacerdotes».