La Organización No Gubernamental (ONG) estadounidense Water for People (WFP) decidió disolver de manera «voluntaria» sus operaciones en Nicaragua que mantenía desde hace 12 años con proyectos de agua potable y saneamiento para las comunidades.
Según su publicación en La Gaceta de este 19 de enero, el Ministerio de Gobernación (Migob) informó que el cierre de la ONG se debió a la «disminución de los fondos de su presupuesto, solicitando el 25 de noviembre de 2022 a la Dirección General de Registro y Control de organizaciones sin fines de lucro a través de su representante legal en Nicaragua Liza Esther Rivera Torres el cierre de operaciones y cancelaciones del registro y del número perpetuo asignado».
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WFP se encontraba operando en el país centroamericano desde 2011 y trabajaba de cerca con las comunidades más vulnerables con el objetivo de ampliar los servicios e instalaciones de agua para lograr el sexto objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas: disponibilidad de agua limpia y saneamiento y monitoreo integral de las instalaciones de agua dulce para la progresión de la salud humana.
Los datos de la ONG reflejan que durante los últimos 10 años desarrollaron proyectos de agua potable que beneficiaron a más de 34 mil 640 familias y ayudaron a 17 mil a mejorar sus condiciones sanitarias.
Su principal objetivo se enfoca en los países que se encuentran en vía de desarrollo incluidos Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Perú, India, Ruanda, Uganda y Malawi. Llegando a 4 millones de personas a nivel mundial.
WFP se sostiene con los aportes internacionales y el apoyo de los gobiernos locales para «crear un plan más efectivo para una comunidad dada y ejecutar el proyecto juntos». Situación que no ocurría en Nicaragua bajo un régimen se ha dedicado a perseguir a los organismos sin fines de lucro.
Este 18 de enero, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó el primer encuentro del año que sostuvo su administración con casi 300 oenegés a las que todavía permite operar. «Estas oenegés trabajan en nuestro país de manera responsable, respetuosa y solidaria, contribuyendo a la vida buena de las familias y las comunidades», indicó la esposa del dictador Daniel Ortega.
El régimen de Nicaragua actualmente supera las 3 mil ONG disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018, que dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el Gobierno de Ortega reconoce 200. Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento.
