La abogada y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez explicó a Artículo 66 que los testigos que rinden declaración en los juicios contra los presos políticos podrían ser acusados por el delito de «falso testimonio», según el artículo 475 del Código Penal de la República de Nicaragua.
«Quien al rendir testimonio o declaración en causa judicial o administrativa, oculte o deforme hechos verdaderos o simule o afirme hechos falsos, total o parcialmente, será penado con prisión de tres a cinco años», reza el citado artículo del Código Penal del país. Dependiendo de las circunstancias la pena podría aumentar hasta los ocho años.
Martínez subrayó que el falso testimonio es un delito contra la administración de justicia y que, lamentablemente como defensora de presos políticos se ha enfrentado con un sinnúmero de ciudadanos que han llegado a sala a declarar en contra de sus defendidos «diciendo mentiras».
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«Estas personas van a ser procesadas en cualquier momento cuando se dé un cambio (democrático) porque llegaron a mentir, llegaron a señalar, lo que nosotros llamamos mentiras forense. Llegaron a perjudicar. Esperamos que cuando Nicaragua pase a una etapa de cambio que todas estas personas se enfrenten a la nueva administración de justicia y sean, cada una de ellas, sentadas en el banquillo de los acusados como delincuentes, es un acto delincuencial, inhumano y bochornoso, de llegar a decir mentiras», dijo la jurista.
Yonarqui Martínez aseguró que en su experiencia como abogada de presos políticos he visto cómo algunos testigos son obligados a decir mentiras, inducidos por el Ministerio Público y la Policía. Además, quienes se han resistido —según la abogada— a rendir falso testimonio y señalan la inocencia de los rehenes de conciencia, sufren consecuencias.
«El juez al darse cuenta que hay una mentira, que el caso no es como lo presenta el Ministerio Público, debe absolver al acusado; sin embargo hemos encontrado en Nicaragua un patrón grave: a la persona que dice la verdad se le apresa, acusa y persigue», afirmó.
La dictadura Ortega-Murillo ha preparado más de una docena de testigos en el juicio político contra el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos. El abogado Yader Morazán reveló que la mayoría de estas personas son afines al régimen, trabajadores de la Alcaldía de Matagalpa, familiares de funcionarios judiciales y del Ministerio de Educación (Mined).
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabiliza más 235 rehenes de conciencia en las cárceles de la dictadura de Nicaragua. La mayoría de esas personas son sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denuncias de sus parientes, organismos internacionales y locales de derechos humanos.
