El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició este martes, 17 de enero, el proceso judicial en contra de las ciudadanas francesas, que también ostentan la nacionalidad nicaragüense, Jeannine Horvilleur Cuadra y Ana Álvarez Horvilleur, esposa e hija respectivamente del opositor Javier Álvarez. En el caso también enjuician a Félix Roiz Sotomayor, yerno de Álvarez.
Fuentes bajo condición de anonimato refirieron en declaraciones a Artículo 66 que el juicio continuará mañana, 18 de enero, y desconocen la situación de los acusados. El juicio finalizó en horas de la tarde, «no tenemos mayor información, más que lo que ocurre con otros juicios. Hasta hace un par de horas no habían dejado entrar a ningún familiar. Estaban en receso de almuerzo, no sabemos más. Finalizó la sesión del juicio el día de hoy y continuará mañana».
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Horvilleur Cuadra, de 63 años, y su hija, Ana Álvarez Horvilleur, de 43 años, junto a Roiz Sotomayor, están siendo acusados por la justicia sandinista por los supuestos delitos de conspiración para cometer la integridad nacional y propagación de noticias falsas, dos instrumentos jurídicos utilizados para reprimir, encarcelar y silenciar las voces disidentes y críticas del régimen Ortega-Murillo.
Estos ciudadanos fueron detenidos por la Policía el pasado 13 de septiembre de 2022, un día antes de las festividades patrias. Oficiales buscaban a Javier Álvarez y al no encontrarlo, porque este había salido al exilio en busca de protección internacional, decidieron encarcelar a sus familiares.
El opositor denunció entonces que agentes de la Policía irrumpieron en su vivienda de manera arbitraria y sin orden judicial.
En octubre pasado, el opositor recalcó que ninguno de sus familiares ha cometido delito y señaló que la dictadura los encerró por tener vínculos con él. Álvarez consideró entonces que «esta nueva modalidad, de detener a los familiares de un opositor, al no encontrarle, es una gravísima agresión y vulneración de los derechos humanos más elementales”, al transferir una supuesta culpa a sus familiares directos».
William Roiz Murillo, padre del detenido, ha solicitado al régimen la libertad inmediata para su hijo. «Todos son inocentes. En este caso se impone la duda razonable y todo juez debe poner en libertad a los acusados, porque es mejor poner en libertad a un culpable que condenar a un inocente», expresó.