El año 2022 fue sombrío para la libertad de prensa en Nicaragua. Los periodistas se enfrentaron al «recrudecimiento de la violencia y la amenaza» ejercida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, revela el informe anual de la red Voces del Sur, un organismo que documenta y denuncias las violaciones del ejercicio periodístico en la región.
En el primer trimestre de 2022 se registraron más de 100 agresiones a la libertad de prensa al mes: 114 en enero, 104 en febrero y 103 en marzo. En los meses siguientes el número de ataques disminuyó, pero eso se debe —según el informe— al «temor de los periodistas de hacer públicas las amenazas y agresiones que han vivido».
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«Es de mucha preocupación que durante este año aumentó el silencio de las víctimas ante las agresiones, comprendemos que se trata de una forma de sobrevivencia y autoprotección, debemos tener presente que esto no significa que la hostilidad en contra de la prensa independiente haya disminuido, sino que las víctimas, prefieren “callar” para mitigar los riesgos», destaca Voces del Sur.
El organismo regional lamentó «profundamente» la situación de «temor» que ha infundido la dictadura de Ortega y Murillo en contra de las y los periodistas y sus familias para evitar que se continúen señalando los atropellos de los que son víctimas.
Un total de 13 periodistas o personas asociadas a los medios de comunicación están encarceladas. Nueve de ellas ya fueron condenadas con sentencias de entre siete y 13 años de prisión; mientras que cuatro comunicadores todavía enfrentan procesos judiciales en medio de críticas por irregularidades al debido proceso.
Obligados al exilio
El documento también señala que 93 periodistas se vieron obligados a salir de Nicaragua al exilio por las constantes amenazas de cárcel y a su integridad física. Con esta nueva cifra ya suman 178 hombres y mujeres de prensa que han abandonado el país desde abril 2018 a raíz de la crisis sociopolítica y la embestida del régimen contra la prensa libre.
En los 12 meses del año pasado se contabilizó un total de 104 alertas de violaciones a la libertad de prensa, las cuales se tradujeron a 703 casos. En la mayoría de ellos figura como principal agresión el indicador de uso abusivo del poder estatal con 498 casos, seguido de agresiones y ataques con 159 denuncias y el discurso estigmatizante con 15 casos.
«Managua, al ser la capital del país concentra la mayor cantidad de agresiones a la Libertad de Prensa en 2022 con un total de 611 casos, seguido se encuentra la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur donde se contabilizan 26 casos, los cuales en la mayoría de las veces recayeron sobre las mismas personas: mujeres periodistas», menciona el informe.
Voces del Sur urgió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que garantice las condiciones para el ejercicio del periodismo independiente en el país y considera que «es inaudito que el mayor número de agresiones provenga de las esferas gubernamentales y en los casos que los ejecutan otros agentes estos tengan la libertad para infringir leyes sin ninguna consecuencia».
Agresiones contra mujeres periodistas
Según el informe, las mujeres periodistas se ven afectadas por ejercer su profesión siendo víctimas de agresiones. «Los registros aquí documentados demuestran que el riesgo de las mujeres periodistas proporcionalmente es más alto, que la de los periodistas varones», revela.
Tres mujeres periodistas son las que más ataques recibieron en 2022, señala el documento. La comunicadora Kalúa Salazar fue víctima de ataques en 12 ocasiones; le sigue la periodista Yahaciela Barrera von ocho casos y Tania López del departamento León con 5 agresiones.
Voces del Sur indica que la práctica periodística en Nicaragua es una «profesión de alto riesgo» y que, desde el régimen, se mantiene una campaña que busca silenciar a los periodistas que con «valentía y aplomo» continúan informando y venciendo la censura impuesta por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Principales agresores
El organismo señala que los medios y periodistas independientes fueron víctimas de la dictadura de Nicaragua que utilizó a las instituciones estatales como «órganos represores» en contra de la libertad de prensa. El principal victimario fue la Policía Nacional, usada para «infundir terror y cercenar los derechos y libertades de los periodistas y en general de los ciudadanos disidentes».
«Así mismo, en total “obediencia” el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) llevó a cabo decenas de cancelaciones de medios de comunicación de corte católico y comunitarios. De igual manera sacó de la parrilla de televisión por cable a medios que denunciaban la situación de violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua, siendo el caso más icónico el de CNN en Español, registrado en septiembre (de 2022)», añade el informe.
El año pasado también hubo amenazas contra dueños de medios de comunicación que fueron obligados a cerrar espacios informativos o serían clausurados por el mismo Telcor, como el caso del canal RB3 del periodista David Mendoza, que tras el cierre salió al exilio.
