Este miércoles, 28 de diciembre, los presos políticos Walter Antonio Gómez y Marcos Antonio Fletes, ambos extrabajadores administrativos de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), cumplen 19 meses de estar cautivos en las del Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como «El Nuevo Chipote».
El 28 de mayo de 2021 fueron apresados y tomados como rehenes de conciencia de la dictadura. Su delito fue haber trabajado por varios años con la entonces aspirante presidencial Cristiana Chamorro, la candidata más popular y la que podía arrebatarle en las urnas la Presidencia al dictador.
El Ministerio Público, controlado por Daniel Ortega, los acusó del supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos; y apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica. Gómez y Fletes fueron los primeros detenidos en la nueva embestida del régimen orteguista contra la oposición.
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Gómez y Fletes fueron parte de los acusados en el caso contra Chamorro, quien permanece en casa por cárcel desde que fue detenida en junio de 2021.
Durante el juicio, que según los abogados defensores estuvo plagado de irregularidades y nulidades, desfilaron una serie de testigos como policías y periodistas. La acusación se basó en el apoyo que la organización entregó por varios años a los medios de comunicación independientes.
En el libelo acusatorio se señala a Marcos Fletes y Walter Gómez, contador y administrador respectivamente, de solicitar a terceros el cambio de cheques de la Fundación donde laboraron hasta el cierre voluntario de la misma para no inscribirse como «agente extranjero».
El juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, fue el encargado de condenar a Gómez y Fletes a 13 años de cárcel para cada uno.
El pasado 30 de agosto, después de 15 meses detenidos, Gómez y Fletes fueron exhibidos por primera vez ante los medios de propaganda de la dictadura. En esa ocasión lucieron irreconocibles, demacrados y delgados debido a los tratos inhumanos, crueles y degradantes a los que son sometidos, según han denunciado sus familiares a lo largo de su cautiverio.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua existen más e 230 opositores encarcelados por razones políticas y juzgados con leyes aprobadas meses antes de las elecciones presidenciales y tildadas de represivas por opositores y organismos de derechos humanos. Todos han sido víctimas de torturas, de acuerdo con denuncias de sus familiares.
