El Gobierno de El Salvador cercó el 24 de diciembre una comunidad popular en la capital del país con más de 1.000 militares y 130 soldados, según informó el presidente Nayib Bukele.
Se trata de la comunidad Tutunichapa, cercana a una zona de hospitales en San Salvador, donde los cuerpos de seguridad “extraerán a los criminales que aún quedan en esta comunidad, famosa por el narcotráfico” al menudeo.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó a periodistas que esta medida es parte de la fase 5 del plan de Control Territorial del Gobierno, llamada “extracción”.
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Villatoro indicó que se han detenido al menos a 23 personas, quienes serían acusadas por posesión de drogas “con fines de tráfico” y agrupaciones ilícitas.
“Esta comunidad ha sido estigmatizada por más de 40 años por criminales que se dedicaron a distribuir y vender drogas desde esta comunidad”, acotó Villatoro y aseguró que las pandillas “se han enquistado” en esta comunidad.
El titular del Ministerio de la Defensa, René Merino, dijo a periodistas que se busca “golpear” a la pandilla con presencia en la zona, el Barrio 18 Revolucionarios.
A inicios de diciembre, el Gobierno de Nayib Bukele también instauró un cerco militar en el populoso municipio de Soyapango (centro) con unos 10.000 soldados y policías.
Estas medidas se dan en el marco de un régimen de excepción, aprobado a finales de marzo en el Congreso tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas y que ha dejado más de 60.000 detenidos.
El régimen de excepción suspende derechos constitucionales, como el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones, además la detención administrativa pasa de 3 días a un máximo de 15 días.
Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal han recomendado al Gobierno de Bukele terminar con la medida.
Un informe de estas organizaciones señala que durante el régimen de excepción se han dado violaciones de derechos humanos, más de 90 muertes en custodia de fuerzas de seguridad del Estado y casos de “torturas y malos tratos”.
