La Coalición Nicaragua Lucha mediante un comunicado emitido la mañana de este 23 de diciembre reiteró la denuncia ante la comunidad internacional sobre la separación forzada que atraviesan los familiares de presos políticos durante estas actividades de Navidad y año nuevo. Demandan «continuar alzando la voz» ante los crímenes de la dictadura orteguista.
«Son cuatro años que, durante las fiestas, víctimas, familiares de las víctimas y exiliados están separados de sus familias, sus seres amados y sus comunidades. Un año más de lucha buscando detener y recopilar los crímenes de lesa humanidad que se practican desde un terrorismo de Estado en una situación de resistencia a la impunidad en Nicaragua. Un año que debería ser el último, y que llama a la comunidad internacional y el mundo a recordar el impacto en el día a día que tiene el régimen autoritario cuyos métodos se sofisticaron actuando a través del miedo, buscando el silencio de las y los nicaragüenses, estén en su tierra o fuera de ella», refiere la organización.
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La Coalición compuesta por 17 organizaciones de derechos humanos solicita a la comunidad internacional que se solidarice con la situación de Nicaragua y continúe demandando el respeto a los derechos humanos.
«En este 2022 las detenciones selectivas, ilegítimas y arbitrarias, no solo continúan, sino que se han intensificado llegando a 33 tan solo en noviembre, tras las elecciones municipales, 16 continúan en prisión, procesadas por supuestos delitos de “conspiración a la patria”», denuncia el comunicado.
Asimismo, desatacan las torturas impuestas por el régimen de Daniel Ortega a los presos políticos, «las afectaciones psicoemocionales para las personas presas políticos y sus familias con gran impacto en la ruptura de comunidades y fractura de la sociedad son innumerables, presentan mayor crueldad las requisas abusivas y sexualizadas a las familias y menores de edad, con métodos que buscan deshumanizar a las víctimas a través del miedo».
En el país centroamericano se contabilizan más de 230 personas privadas de libertad por motivos políticos, 10 de estas fueron encarceladas antes de las protestas sociales de 2018, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua.
Nicaragua Lucha denuncia que la criminalización se ha tornado en un hábito estructural del terrorismo de Estado en Nicaragua, persiste la falta de debido proceso y el derecho a la defensa efectiva, como un ejemplo, se ha identificado el retorno de la práctica de la sustracción del juez natural, lo que obliga al traslado de la persona detenida a la ciudad capital, lo que además incide en la economía de las familias.
Demandan a que desde los distintos espacios continúen «alzando su voz sobre la destrucción de la institucionalidad democrática y la represión constante en Nicaragua. Es una labor que convoca a la Defensa de los Derechos en toda Latinoamérica, en un momento crucial para los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación a lo largo del continente».
