El régimen de Daniel Ortega aumentará, a partir de este próximo primero de enero de 2023, el costo por los trámites gravados con el impuesto de timbres fiscales, así lo dio a conocer el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de un comunicado en el que actualizan esa tarifa. El empresario Roberto D´Andrea califica como un «problema serio» este aumento.
«Utilizar el papel sellado y timbre fiscal es un problema, en especial por los acaparadores, quienes a final de año ocupan el papel sellado que ya no venden, si escasea lo venden altísimo. Es importante que el ente que se encarga de controlar y vender este material lo regule luego de esta alza», expresó el economista en entrevista con Artículo 66.
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Afirma que dentro de esta alza existe una «compensación» entre dos rubros que al final benefician el bolsillo de las instituciones. «Se vio que los rubros donde más se utilizan es donde subieron los timbres fiscales, mientras que los otros rubros donde se usa menos bajaron el valor de los timbres fiscales», resaltó.
D´Andrea asegura que el problema radica en que no existe información confiable en las fuentes oficiales por lo que no se puede saber con certeza cual es el incremento total en estos materiales.
En el ajuste anterior que correspondió al año 2021, se definió con base en una tasa de deslizamiento del tipo de cambio oficial del córdoba con respecto al dólar, mismo argumento con el que se dio a conocer esta nueva alza. El Ministerio de Hacienda también refirió que se debe a la tasa de inflación reportada por el oficialista Banco Central de Nicaragua.
Sin embargo, pese a que la inflación, conforme el registro de los últimos doce meses, fue de 11.38 por ciento las tarifas reflejarán un incremento de más del 20 por ciento, es decir, que los ciudadanos tendrán que desembolsarse más dinero por cada hoja de papel sellado y timbres fiscales.
Este material es usado en mayor medida por abogados y centros de estudio que deben emitir certificaciones. Con esta subida, quienes requieran un poder notarial generalísimo, administrativo o especial, certificados de notas, sustitución de poderes, contratos de compra, alquiler o venta tendrán que destinar más fondos.
Cada hoja de papel sellado se venderá entre 13 y 19 córdobas, según el informe de Hacienda. El ajuste anual de la cuota del fue establecido en las reformas a la Ley 822 en febrero de 2019.
