El preso político Yubrank Suazo acumula siete meses recluido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo» en Tipitapa, por órdenes del régimen Ortega-Murillo.
Esta es la segunda ocasión (la primera fue el 10 de septiembre de 2018) que el líder estudiantil está encerrado en el penal de varones. La madrugada del 18 de mayo de este 2022, la Policía orteguista asaltó su casa en el barrio San Juan, en Masaya y lo detuvo sin ninguna orden judicial.
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En este segundo «secuestro», el opositor permaneció cautivo en las celdas de tortura de «El Nuevo Chipote» durante 40 días y el 30 de junio, el régimen de Daniel Ortega ordenó trasladarlo a «La Modelo» y lo encerró en la celda de castigo 300, «El Infiernillo».
La jueza Ulisa Tapia Silva, juez Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio, fue la encargada de condenar a 10 años de prisión a Yubrank Suazo, por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y por noticias falsas, más 800 días multa, que equivale a 56 mil 456 córdobas (1.570 dólares).
Suazo se hizo conocido durante las protestas masivas contra el presidente Daniel Ortega en 2018, cuando leyó la proclama que declaró a la ciudad de Masaya (Pacífico) “territorio libre del dictador”, en referencia al líder sandinista, quien gobierna el país centroamericano al lado de su esposa desde 2007.
El líder opositor fue condenado a pesar de que “es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicó el Cenidh, en el momento de la condena en contra del activista.
El caso de Suazo es uno de más de 190 nicaragüenses que, según la CIDH, permanecen encarcelados como “presos políticos” en su país, entre ellos defensores de los derechos humanos, feministas, periodistas, líderes campesinos, empresarios, académicos, estudiantes, y otros.
Suazo también pertenece a la organización opositora Alianza Cívica, que también se ha pronunciado en contra de la situación a la que ha sido sometido el opositor. Los encarcelamientos se dan en el contexto de la crisis sociopolítica que estalló en 2018, cuando protestas masivas contra Ortega hicieron tambalear al Gobierno sandinista.