La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) aseguró que la decisión de la dictadura de prohibir las actividades religiosas relacionadas a las celebraciones de la Gritería, en honor a la virgen Inmaculada Concepción de María, es «inconstitucional» porque Daniel Ortega y Rosario Murillo violan al menos dos artículos de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
El pasado 28 de noviembre, la Policía al servicio del régimen prohibió a la parroquia San José de Tipitapa celebrar las procesiones en honor a la Inmaculada Concepción de María, en el marco en que la Iglesia católica de Nicaragua inicia el novenario a la Virgen.
Las autoridades eclesiásticas informaron que recibieron una llamada por parte de las autoridades policiales en la que le negaban el permiso para salir con la imagen a las calles de ese municipio de Managua. Señalan que, al momento de la notificación la Virgen visitaba el primer sector programado para el pasado lunes.
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«Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencia, dice textualmente el artículo 29 de la Constitución Política», recordó Marlon Caldera, integrante del Consejo Político de la organización opositora en un video distribuido a los medios de comunicación.
«Las prohibiciones religiosas en Nicaragua que ha impuesto la dictadura Ortega-Murillo son inconstitucionales, suprimiendo los derechos ciudadanos de profesión de fe y de libre expresión. La celebración de la Gritería en honor a la Purísima, da inicio en la ciudad de León en el año 1857 luego de la guerra nacional y se extiende a todo el país en los años siguientes», añadió Caldera.
Explicó que la celebración de la Gritería es una celebración religiosa, patrimonio del pueblo católico y de Nicaragua. Además, resaltó que dicha tradición no es propiedad de un partido político o gobierno de turno que «la ha instrumentalizado con fines exclusivos de propaganda política».
Mientras Ortega y Murillo prohíben que la Iglesia católica realice sus actividades en el marco de las fiestas en honor a la virgen María, el régimen mandó a instalar decenas de altares a la Inmaculada Concepción de María en su afán por mantener un discurso de critiandas. También extendió su «religiosidad» a los distintos departamentos del país con la instalación de altares y ordenó a las municipalidades organizar actividades en esta temporada de Navidad y fin de año.
En su deriva autoritaria contra la Iglesia, que se ha intensificado desde 2018, la dictadura ha ejecutado casi 400 ataques contra los sacerdotes, seminaristas, templos religiosos y laicos en los últimos cuatro años, según el informe «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?» de la abogada e investigadora Martha Patria Molina.
