Un grupo de familiares de presos políticos cautivos en «El Nuevo Chipote» hicieron este martes un llamado urgente al Estado de Nicaragua para que les permita ver a sus parientes encarcelados, de quienes no tienen ninguna información hace más de dos meses.
Las familias manifestaron estar «extremadamente preocupadas» ante la incomunicación absoluta de 81 días. Han hecho continuas solicitudes orales para que autoricen las visitas y han consultado sobre el estado de salud y paradero de sus parientes, pero todas han sido denegadas por las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial.
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Al llamado se sumaron familiares de personas detenidas entre septiembre y noviembre de este año que llevan más de 60 días en incertidumbre. El régimen no informa cómo están los ciudadanos presos ni les permite el acceso a alimentos y atención médica.
Defensores de derechos humanos han calificado de tortura la situación a la que son sometidas las más de 200 personas presas políticas en Nicaragua. Por lo que el grupo de voluntarios de la campaña denominada «Sé Humano», con sede en Costa Rica, decidió exponer ante la comunidad internacional las condiciones inhumanas y el aislamiento en los que se encuentran los reos del régimen de Daniel Ortega.
Los integrantes, con apoyo de la diputada costarricense Monserrat Ruiz de la Comisión de Derechos Humanos, organizaron una exposición en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En la sala se muestran las fotos de los reos, visiblemente afectados por los malos tratos, también se leen mensajes de los detenidos y se puede apreciar una celda «virtual».
Octubre marcó un nuevo récord de nicaragüenses que cruzaron la frontera de manera irregular para entrar a Estados Unidos.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras del país norteamericano registró la detención de más de 20 mil 900 nicaragüenses en ese mes, es decir, más de 600 nicas llegaron a Estados Unidos por día.
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La cifra representa un incremento del 14 por ciento en relación con septiembre cuando se reporto la entrada irregular de más de 18 mil nicaragüenses.
En los primeros diez meses del año, más de 147 mil personas decidieron abandonar Nicaragua con rumbo hacia el norte. Medios indican que las autoridades migratorias de Estados Unidos reconocen que «los encuentros de solicitantes de asilo cubanos y nicaragüenses que huyen de sus regímenes autoritarios siguen siendo históricamente altos, y esto refleja el desafío que se está apoderando de la región, ya que las poblaciones huyen del autoritarismo, la corrupción, la violencia y la pobreza».
La situación se hace evidente en las largas filas de connacionales que buscan tramitar principalmente su pasaporte en las sedes de la Dirección General de Migración y Extranjería.
El régimen decidió que ahora solo atenderán las solicitudes de pasaporte, renovación, visas y certificado de movimientos migratorios a través de una cita previa que se solicita en línea en la web de la institución. Por ahora, el servicio solo está habilitado para la sede central.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra Mildred Rayo y Miguel Flores, integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN). La causa contra los activistas fue interpuesta el pasado once de noviembre, diez días después de haber sido detenidos.
Aunque no especifica cuáles son los delitos que le achacan, en la acusación se lee que las víctimas son el Estado y la sociedad nicaragüenses.
Según la organización AUN, el Ejército de Nicaragua secuestró a los dos activistas en las cercanías del río Sapoá, en Cárdenas, en el departamento de Rivas, durante una requisa realizada por la institución castrense, cuando los jóvenes se movilizaban con dirección a Managua.
