El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) autorizó un desembolso de 10 millones de dólares a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para atender las pérdidas económicas que causó el huracán Julia en Nicaragua.
El monto fue aprobado el pasado 28 de octubre como parte de un préstamo mayor de 186 millones de dólares, que estableció la administración orteguista con la entidad financiera en 2014 para usar en casos de emergencias por desastres naturales.
Con este desembolso, el régimen de Ortega acumula 19.4 millones de dólares recibidos para amortiguar las afectaciones que dejó Julia en el país.
Noticia relacionada: Dictadura de Nicaragua recibirá del BCIE medio millón de dólares para atender estragos por Julia
Además del desembolso del BID, la dictadura recibió 8.9 millones de dólares por parte de la compañía de seguros Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) y un donativo de medio millón de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El Gobierno de China también hizo una donación para enfrentar los estragos del ciclón, sin embargo, el régimen no informó de qué se trató. El donativo fue recibido por Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial y por el ministro director del Sinapred, Guillermo González.
De acuerdo con datos oficiales, las pérdidas económicas causadas por el huracán ascienden los 367.8 millones de dólares. El sancionado ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, aseguró que los daños totales del ciclón con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del país equivalen a 2.6 por ciento.
Hasta ahora, la administración de Ortega ha detallado que Julia causó daños en la infraestructura vial, social, de energía y telecomunicaciones; afectaciones en unas 15.000 viviendas y provocó que 20.000 personas debieran ser evacuadas, en 123 de los 153 municipios de Nicaragua.
Ante las pérdidas que dejó el huracán Julia, la dictadura ha iniciado la búsqueda de fondos con los organismos multilaterales del BID, BCIE y Banco Mundial (BM), sin embargo, Ortega y Murillo tiene limitaciones para acceder a financiamiento internacional debido a las sanciones que se han impuesto a algunas instituciones estatales, funcionarios públicos y familiares del régimen.
