El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este jueves las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, con lo que suman 2.835 las organizaciones de este tipo disueltas tras la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe de Estado por el presidente Daniel Ortega.
La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 88 nacionales y 12 extranjeras, fue aprobada por la titular de Gobernación, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
Según la cartera de Gobernación, las 88 ONG locales incumplieron sus obligaciones, entre ellas que no reportaron por períodos de entre 2 y 25 años sus juntas directivas y estados financieros, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes.
En el caso de las 12 ONG extranjeras, entre ellas 3 de España y 3 de Estados Unidos, fueron disueltas bajo el argumento de que estaban en abandono y de tener entre 2 y 26 años de incumplimiento de sus obligaciones.
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En Nicaragua, el Ejecutivo de Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, o a través del Ministerio de Gobernación, ha ilegalizado al menos 2.835 ONG nicaragüenses y extranjeras desde diciembre de 2018.
De ese total, 2.711 han sido ilegalizadas a partir de marzo de este año, según un informe de 18 organizaciones que denunciaron recientemente en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua”.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
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Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las más de 6.000 registradas estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
