Organizaciones defensoras de los derechos de las personas en Nicaragua informaron este miércoles que esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) profundice sobre el caso de los denominados “presos políticos” en el país centroamericano.
“Esperamos que la Corte declare que el Estado de Nicaragua está incumpliendo sus resoluciones, pero además, que incluya este elemento, de violación a los derechos de los familiares, que los considere como tortura, porque sus prácticas son una política de Estado”, dijo por vía telefónica a EFE la abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Wendy Flores.
La defensora brindó sus declaraciones al concluir una audiencia de la Corte IDH, celebrada en Costa Rica, sobre la supervisión de las medidas provisionales ordenadas a 76 convictos, considerados “presos políticos” por las organizaciones humanitarias.
“Las personas presas políticas en el centro de tortura ‘El Chipote’ cumplen 75 días sin visitas, se desconoce su integridad física y psicológica. Sus vidas corren peligro”, recordó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en sus redes sociales.
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La preocupación por las visitas a dichos reos no se limita al estado de salud de estos, quienes supuestamente sufren malos tratos y torturas, sino también por los familiares.
Según Flores, los derechos de los familiares son violados porque se les impide ver a los presos con la regularidad que exigen las leyes de Nicaragua, pero también por los tratos humillantes que sufren cuando les permiten ingresar a las cárceles.
“El régimen ha implementado un régimen de tortura contra los familiares que se basa en la incomunicación, el hostigamiento, las vigilancias, las requisas abusivas y abusos sexuales durante las visitas, los niños y niñas de los presos políticos también han sido sometidas duramente a las requisas, afectándolos como una extensión más de la crueldad con que se está tratando la privación de libertad arbitraria en Nicaragua”, detalló Flores.
En la audiencia las familias de los afectados hicieron énfasis en que los hijos de algunos “presos políticos” no han podido ver a sus padres, incluso cuando algunos de estos anunciaron que harían una huelga de hambre si la situación no cambiaba, algo que no se ha podido comprobar debido al aislamiento de los convictos.
La Corte IDH ha emitido diversas resoluciones en las que ordena al Estado de Nicaragua liberar a los detenidos incluidos en el caso, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país, así como proteger sus vidas, acceso a la salud, integridad y libertad personal, sin obtener respuesta.
Desde las masivas protestas antigubernamentales de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que en su primer año dejó al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que tiene en prisión a más de 200 personas.