Este lunes, siete de noviembre, un fuerte contingente de la Policía de Honduras, junto a las autoridades judiciales, desalojó arbitrariamente a la comunidad garífuna de Punta Gorda, en el país centroamericano, y arrestó al menos a seis personas durante la desocupación.
Defensores hondureños demandan al gobierno de Xiomara Castro respetar y cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce los derechos de propiedad del pueblo garífuna en esa zona.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció que durante el «desalojo violento» a la comunidad garífuna de Punta Gorda, los oficiales de la Policía arrestaron a seis personas, «entre ellas a la defensora Melissa Martínez, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras».
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Las otras personas detenidas son Dorotea Arzu, Richard Armando Martinez, Abot Efrahin Sanchez, Keyden Tishany Gonzales y Augusto Moises Dolmo.
Ante esta situación, los defensores hondureños también le exigen a la administración de Xiomara Castro adherirse al acuerdo de Escazú, que pretende «garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como a la creación y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona».
La líder territorial Miriam Miranda señaló que «yo realmente creía que en este gobierno de Xiomara Castro, no veríamos esta escena. Militares y policías acuerpando al MP y PJ, para llevar a cabo el desalojo de una comunidad garífuna».
«Exigimos cumplimiento YA de las sentencias de la Corte IDH», escribió en su cuenta de Twitter.
Asimismo, los defensores de derechos humanos demandaron la liberación inmediata de las personas garífunas detenidas.
