El Gobierno de Canadá podría sumarse a las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el negocio del oro nicaragüense, reveló un portavoz del Ministerio de Asuntos Globales del país norteamericano al medio digital Despacho 505.
El vocero explicó que Canadá espera que las empresas de sus connacionales que mantienen sus operaciones en países como Nicaragua cumplan con altos estándares de conducta empresarial responsable, de la misma manera que lo harían en su país. «Esta expectativa se aplica a todas las empresas canadienses, independientemente de su tamaño, sector o alcance», afirmó el funcionario.
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La empresa minera Mako Mining afirmó que «no espera ningún cambio material en sus operaciones en Nicaragua» tras las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el negocio del oro en el país centroamericano.
La compañía aseguró que está realizando una «revisión interna del impacto de las medidas» en coordinación con sus asesores estadounidenses y canadienses, y «de conformidad con su compromiso de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables».
El Centro Nicaragüense de derechos humanos (Cenidh) catalogó de «contradictorio» el diálogo mencionado por el cardenal arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, durante su visita a Roma, como el medio para «rebajar las tensiones» entre el régimen y la Iglesia católica de Nicaragua.
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Los defensores señalaron que «les resulta contradictorio que afirme eso mientras en Nicaragua guarda un silencio total frente al incremento de la persecución contra la iglesia y sus sacerdotes».
Además, exige que el pueblo de Nicaragua merece conocer la verdad de la dinámica, contenidos y alcance de ese “diálogo” para apoyar las gestiones que hasta hoy parecen estrellarse frente a un régimen dictatorial que cada día incrementa la represión contra la iglesia católica y el pueblo nicaragüense.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sufrió la fuga de otra operadora en el Poder Judicial.
Se trata de la jueza sandinista María Concepción Ugarte, del Juzgado Sexto Penal de Vigilancia y Ejecución Penitenciaria, quien, según fuentes, decidió huir de Nicaragua rumbo a Estados Unidos.
La judicial fue ejecutora en la persecución contra organizaciones no gubernamentales en 2008. En ese entonces, ordenó los allanamientos contra el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO) y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
